Una nueva ley limita la adjudicación a empresas que están descolgadas de los convenios de sector H La norma dificulta las ofertas con precios que no cubren los costes salariales

La reforma laboral ha sufrido un revolcón parlamentario en uno de los aspectos que más polémica ha creado desde su aprobación en el 2012: la prevalencia del convenio colectivo de empresa y el descuelgue que esta puede realizar para suspender o recortar los derechos de los trabajadores. La aprobación definitiva la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, de la ley de contratos del sector público ha supuesto una nueva puya en la legislación laboral que puso en marcha el Gobierno del PP con la excusa de la crisis económica.

La acción conjunta de los grupos del PSOE, Podemos, PDECat, ERC y PNV, así como de otros diputados del Grupo Mixto, ha permitido aunar una mayoría parlamentaria, frente a la alianza PP-Ciudadanos, que evite los recortes en las garantías laborales y salariales de los trabajadores de las empresas que, bien directamente o por medio de la subcontratación, son empleados en adjudicaciones de todas las administraciones.

De esta forma se pone freno a las ofertas baratas que reducen los costes y gastos de las obras a cuenta de rebajar los salarios, método al que recurren las empresas adjudicatarias de servicios públicos ante unas administraciones con el presupuesto muy recortado. Pese a ello, el volumen de dinero que mueven los contratos de las administraciones públicas está entre el 18% y el 20% del producto interior bruto (PIB), lo que supone un buen pellizco presupuestario.

Servicios públicos ‘low cost’

En los últimos meses, la contratación low cost de servicios públicos ha dado lugar a varios conflictos, como el de los empleados de la seguridad del aeropuerto de El Prat y de los vigilantes del Ministerio de Defensa. En este último caso, los empleados de Marsegur, la adjudicataria, recibían un salario por debajo del convenio del sector que apenas superaba el salario mínimo interprofesional (SMI). El ministerio decidió rescindir la contrata.

Tras un año de debate (el proyecto de ley entró en el Congreso de los Diputados hace un año) de las numerosas enmiendas de la oposición, el texto que se remitió al Senado en septiembre contaba con el apoyo casi unánime de los grupos. Pero el PP aprovechó su mayoría absoluta en la Cámara alta para aprobar tres enmiendas para que el convenio de referencia fuera el de empresa y no el del sector.

Por estos cambios el texto tuvo que volver al Congreso de los Diputados, en donde la suma de PP y Ciudadanos no fue suficiente frente a toda la oposición (que hizo suyas las propuesta de CCOO y UGT) y se pudieron mantener las garantías de los empleados de las subcontratas.

Idoia Sagastizábal, del PNV, puso el dedo en la llaga al señalar que la intención de los populares al hablar en sus enmiendas de los «convenios de referencia» era la de imponer los pactos de empresa, que en ocasiones «se han hecho para, después de un descuelgue, reducir de manera importante condiciones laborales».

En el lado contrario, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Navarro, admitió el varapalo para la reforma laboral: «Estamos de acuerdo en sentarnos para estudiar todas las reformas de la legislación laboral que sean necesarias, pero no a cambiarla por la puerta de atrás».

CCOO y UGT saludaron estas garantías para evitar «propuestas temerarias» incluidas en la normativa para las licitaciones públicas y así obligar a los órganos de contratación de las administraciones a excluir aquellas ofertas que son «anormalmente» bajas.


Fuente: El PERIODICO DE EXTREMADURA