La Asociación Unificada de Guardias Civiles muestra su preocupación por la privatización de la seguridad en las prisiones españolas, una vez el Gobierno Central está estudiando la sustitución de las unidades de la Guardia Civil de las cárceles por empresas privadas. La decisión podría tener importantes repercusiones laborales y familiares para los profesionales, aunque se trabaja para evitarlas.


Ante la reducción de la oferta de empleo público, teniendo en cuenta que sólo se repondrá una por cada diez bajas, el Gobierno Central ha tomado la decisión de sacar a los guardias civiles de las prisiones, optando por la privatización de la seguridad en las instalaciones, de tal modo que se pudiera hacer frente a la previsible falta de personal.

Según el secretario provincial de AUGC-Burgos, Jesús Pérez, el Ejecutivo todavía está estudiando cómo llevar a cabo la medida, que vendría a funcionar más o menos como en los aeropuertos: seguridad privada bajo la supervisión de la Guardia Civil.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles no ve con buenos ojos la decisión, puesto que considera que la seguridad en las prisiones es un servicio público que no debería prestar una empresa privada. En Burgos, el número de agentes afectados rondaría el centenar, aunque en circunstancias diferentes a las de otras zonas. Y es que en la cárcel de Burgos no trabaja una unidad específica, sino que los agentes cumplen con otras funciones fuera, por lo que la incidencia será menor.

El problema se producirá en aquellos casos en los que sí se cuenta con unidades específicas para la prestación del servicio, aunque la Dirección General de la Guardia Civil les ha asegurado que se hará todo lo posible para que los agentes no tengan que cambiar de destino cuando abandonen el trabajo en prisiones. Es decir, si están en Burgos, seguirían en Burgos, aunque estuviesen realizando otras actividades. De no ser así, el impacto familiar y personal de la medida sería muy negativo.

La privatización de la seguridad en las prisiones españolas está preocupando también a los propios funcionarios, que temen que esta medida sea el principio de una privatización completa de los servicios en las cárceles españolas, al estilo de lo que ocurren en otros países, como los Estados Unidos.