La empresa sustituye la plantilla de vigilantes tras el robo en los juzgados

Ceca Seguridad se persona como responsable civil en la causa mientras la Policía investiga los hurtos de los últimos cuatro años


29.01.12 - 00:27 - MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE.

CRONOLOGÍA

Noviembre 2011. Las joyas de un procedimiento que iban a ser remitidas a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio desaparecen durante el puente de Todos Los Santos del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante.

Enero 2012. La Udev de la Policía Nacional detiene a tres vigilantes jurados y a la mujer de uno de ellos por robo con fuerza y receptación, respectivamente.

Ceca Seguridad, la empresa que presta el servicio de vigilancia en las sedes judiciales de toda la Comunitat Valenciana, ha renovado por completo la plantilla dedicada a ese cometido en el Palacio de Justicia de Benalúa después del robo de unas joyas que figuraban como pieza de convicción (prueba), por el que están imputados tres de sus empleados y la mujer de uno de ellos, según fuentes judiciales.

Además, la mercantil se ha personado en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante como responsable civil de las posibles indemnizaciones que se deriven de los hechos, acaecidos en el puente de Todos los Santos, en noviembre del pasado año. Igualmente, sus responsables están examinando los partes de guardias que periódicamente les remitían los sospechosos.

El Decanato de los juzgados alicantinos trabaja codo con codo con el Cuerpo Nacional de Policía en el esclarecimiento de diversos hurtos registrados y denunciados en los últimos años en la sede de Benalúa.

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la comisaría provincial solo pueden remontarse en principio cuatro años atrás, pues los delitos anteriores estarían ya prescritos, según las fuentes consultadas por este diario.

La investigación policial ha puesto bajo sospecha a la mayoría de los vigilantes de la demarcación de la capital. Los agentes constataron en el curso de sus pesquisas que muchos de ellos -todos a excepción de dos, según diversas fuentes jurídicas- figuraban en listados de clientes de tiendas de segunda mano y compraventa de oro como vendedores de variados objetos. «Ahora ya no está trabajando aquí ninguno de la anterior plantilla», confirman las mismas fuentes.

Por el momento, el magistrado José Luis de la Fuente solo ha encausado a tres trabajadores y a la mujer de uno de ellos, tras su detención, el jueves 12 de enero, por un un delito de robo con fuerza y otro de receptación.

Los implicados fueron suspendidos cautelarmente de empleo, pero no de sueldo, por la dirección de Ceca, a la que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social prorrogó el contrato hace unos meses hasta que convoque de nuevo el concurso público.

Desde el jueves, día de los arrestos, comentarios y rumores de todo tipo han comenzado a proliferar en los pasillos de las distintas sedes judiciales. Los sospechosos eran bastantes conocidos. Alguno de ellos llevaba diez años en el servicio, que se presta en horario nocturno, vigilando tanto la Audiencia Provincial como los dos edificios judiciales del barrio de Benalúa.

Además, la operación desarrollada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Policía Nacional ha proporcionado una explicación lógica a la desaparición de piezas de convicción (pruebas en procedimientos penales) que se viene detectando desde hace años.

El secretario de un juzgado de Instrucción contó a este diario que denunció en su día, hace ya una década, la sustracción de una play station que debía ser devuelta a su legítima propietaria, víctima a su vez de un robo anterior. La mujer descubrió que la caja estaba vacía y había sido abierta por la parte inferior.

Los ladrones forzaron incluso en una ocasión el candado de una caja fuerte. Teléfonos móviles, pequeñas alhajas, ordenadores portátiles o perfumes han sido también blanco de sucesivos hurtos en las dependencias de Benalúa a lo largo de los últimos años. «Esto viene de lejos», coinciden el secretario y un magistrado.

No obstante, las denuncias por la sustracción de objetos solían caer en saco roto por falta de pruebas sobre la autoría. Muchas de esas piezas de convicción se guardan durante meses, a veces más de un año, lo que complica enormemente, transcurrido ese tiempo, el hallazgo de huellas dactilares.

La empresa que tiene la contrata ha recabado los partes de las guardias de sus empleados para contrastarlos con los que éstos pasaban a la dirección.

Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía, concretamente su departamento de Seguridad Privada, ya ha instado a Ceca a que retire a los trabajadores imputados la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP), que es imprescindible para ejercer.