Los porteros reclaman tener más ''autoridad'' para atajar el uso de armas y las peleas en los locales

Los porteros lucenses reclaman que la ley les otorgue «más autoridad» para poder atajar el uso de armas y las peleas en los establecimientos nocturnos de la provincia, una problemática que va en aumento, tal y como aseguran desde la Asociación Gallega de Porteros Profesionales (Agpp).

El lucense Marco Antonio Castrillón Pérez, vicepresidente de la entidad, explica que en los últimos años han detectado un incremento «considerable» de personas que acceden a los establecimientos con algún tipo arma. «Cada vez es más frecuente que algunos jóvenes lleven encima una navaja, por lo que es muy complicado garantizar la seguridad en el interior de un local. La pasada noche de Fin de Año, por ejemplo, un joven sacó un cuchillo de grandes dimensiones en la pista de una discoteca lucense y los porteros pudieron quitárselo antes de que sucediera nada. En otra ocasión», explica, «le quitamos una porra a un hombre porque una clienta observó que la llevaba escondida bajo su chaqueta y nos avisó».

Para evitar este tipo de situaciones, el colectivo pide que se les permita utilizar detectores de metales. «Los controladores de accesos no podemos usar este tipo de dispositivos y tampoco podemos cachear al cliente aunque sospechemos que va armado. Si no podemos controlar esto en la puerta, una vez dentro es imposible», afirma.

Otra de las limitaciones con las que se encuentran los porteros a la hora de velar por la seguridad de un local es que la legislación no les permite agarrar ni reducir a un cliente, aunque esté participando en una pelea. «En este sentido nos encontramos con situaciones controvertidas, ya que, por un lado, tenemos la obligación de auxiliar a la víctima, pero sin embargo no podemos sacarle de encima al agresor. No pedimos en absoluto poder utilizar la violencia ni actuar como policías, sino simplemente poder reducir a una persona hasta que lleguen las fuerzas y cuerpos de seguridad», explica.

El vicepresidente de la Agpp considera igualmente que los porteros tendrían que realizar cursos de controladores de masas, «que actualmente tan solo se organizan para vigilantes», o de defensa personal, «ya que incluso a las enfermeras del hospital se les imparten cursos de ‘kravmagá’, un arte marcial que utilizan los militares en Israel», comenta.

Regulación

Marco Antonio Castrillón es consciente de que la imagen de los porteros se pone a menudo en tela de juicio por la desafortunada actuación de algunos compañeros, que tratan de tomarse la justicia por su mano. «Por eso mismo creamos la asociación, para acabar con la imagen del portero matón y agresivo, y por eso también llevamos años reclamando que se regule el sector para garantizar la prestación del servicio», apunta.

Esta vieja demanda del colectivo se acaba de materializar el pasado 1 de enero con la entrada en vigor -dos años después de su publicación en el Doga- del decreto que regula los requisitos que tienen que cumplir los controladores para ejercer sus funciones.

Esta normativa implica que, actualmente, todos los porteros que trabajen en la comunidad gallega tienen que disponer del carné profesional expedido por la Academia Galega de Seguridade Pública, con sede en A Estrada. «Para conseguir la acreditación es requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y hay que superar un test psicológico y un examen sobre materias como la Constitución Española, primeros auxilios, la ley de armas o la extinción de fuegos», aclara el vicepresidente de la Agpp.

Desde la Consellería de Presidencia, por su parte, consideran que el nuevo decreto favorece a los empresarios del sector de la hostelería y los espectáculos públicos, «que tiñan reclamado en numerosas ocasións esta medida», así como también a los usuarios y clientes, «que ven reforzados os seus dereitos e a seguridade», y a los propios controladores de accesos, «que logran o recoñecemento e a dignificación da súa profesión».

Los porteros lucenses creen que la medida que acaba de entrar en vigor garantiza que la persona encargada de controlar la entrada de un establecimiento sabrá como actuar en situaciones de emergencia o de conflicto, «aunque está claro que luego todo va a depender de la ética y de la moral de cada uno», concluye Castrillón.

FUNCIONES. Vigilar el aforo y auxiliar a las personas heridas

El decreto que regula la actividad de los porteros enumera entre sus funciones la de controlar la entrada de personas al establecimiento, comprobar su edad, controlar la adquisición de las entradas, supervisar que no se exceda del aforo autorizado, vigilar que no se saquen bebidas del local, prohibir la entrada después del horario de cierre e incluso auxiliar a personas heridas y llamar a Emergencias.

Presencia y educación

Desde la Agpp aseguran que la buena presencia y la educación también son «fundamentales» cuando se está en la puerta de un establecimiento.

PENAS
Los controladores sin licencia serán multados y puede conllevar el cierre del establecimiento

Las fuerzas y cuerpos de seguridad controlarán la legalidad del sector y remitirán los expedientes pertinentes a la Xunta

Desde que comenzó el año, los controladores de accesos que trabajen sin la correspondiente acreditación pueden enfrentarse a sanciones económicas de consideración. Tal y como explica Marco Antonio Castrillón, «las multas pueden ir desde los 600 hasta los 30.000 euros y están contempladas tanto para los porteros como para los propietarios de los establecimientos», apunta.

La legalidad del sector será controlada por las fuerzas y cuerpos de seguridad que tengan competencia en cada localidad y los expedientes serán remitidos a la Xunta, que tramitará las sanciones, tal y como sucede con otras infracciones como, por ejemplo, superar el horario de cierre. «En Lugo, imaginamos que se encargará la Policía Autonómica, aunque como es algo tan reciente todavía no nos informaron detalladamente de cómo se va a llevar a cabo este control», apunta.

CARNÉ PROFESIONAL. Cincuenta lucenses ya tienen acreditación, pero no cubren la demanda

El permiso es válido cinco años y después hay que volver a pasar las pruebas. El colectivo cree que son necesarias más convocatorias

Según los datos facilitados por la Consellería de Presidencia, en la provincia de Lugo hay actualmente cincuenta personas con la habilitación expedida por la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior para poder ejercer como personal de control de accesos.

En la comunidad gallega se celebraron ya cinco convocatorias, la primera en junio de 2010, cuando superaron las pruebas 120 personas -el ochenta por ciento de las que se presentaron-, de las que once eran de Lugo. En marzo de 2011 hubo 16 lucenses aptos; en junio, 12 aprobados; en octubre, cinco aptos, y en la última convocatoria, celebrada el pasado mes de enero, seis aprobados.

El colectivo lucense asegura que esta cifra no es suficiente para cubrir la demanda de porteros que hay actualmente en la provincia, por lo que solicita que se realicen más convocatorias cada año para que todo el mundo que lo desee se pueda presentar y acabar así con el intrusismo.

Renovación

Este permiso tiene una validez de cinco años desde la fecha de su expedición y, pasado ese plazo, hay que superar de nuevo las pruebas para renovar la acreditación y seguir trabajando. Además, es necesario seguir cumpliendo los requisitos que marca el reglamento, como por ejemplo no tener antecedentes penales.

En este sentido, la Asociación Gallega de Porteros Profesionales pide que se revisen los plazos de renovación para las personas que aprobaron el examen en las convocatorias de 2010 y 2011, ya que el decreto que lo exige no entró finalmente en vigor hasta el presente año 2012. «La gente tuvo el carné durante más de un año sin que realmente le sirviera para nada, por lo que pedimos que este tiempo no se cuente y que la primera renovación tenga que realizarse en 2017», dicen.

Regulación. Cataluña fue la pionera

Los requisitos que se recogen en el decreto elaborado por el Gobierno galego son similares a los que plantea la norma análoga aprobada por la comunidad de Madrid a finales de 2008, tras el asesinato del joven Álvaro Ussía en una discoteca de la capital. La pionera, no obstante, fue Cataluña en el año 2004 y también tras la muerte del ecuatoriano Wilson Pacheco, arrojado al mar tras un enfrentamiento con porteros.

Para tomar conciencia

La pretensión de los legisladores no es dejar en la calle a los porteros poco aplicados, sino más bien obligarlos a tomar conciencia sobre su trabajo.

20/02/2012 - Paula Vilariño / El Progreso (Lugo)