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Halley: agente de la autoridad

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  • Halley: agente de la autoridad

    Personalmente, creo que hay temas que no tienen mucho debate. Sin embargo, cual Halley, vuelven por estas tierras (y por otras) porque nos gusta mucho pedir; sin pararnos nunca a pensar en qué conlleva A y que conlleva B. Lo que aquí expreso es parte de mi opinión, porque considero que el tema da incluso para más.

    Por cierto, Sobezno ya colgó en este mismo foro una consulta muy extensa en la que se citaban bastantes detalles relacionados con la hipotética recuperación del carácter de agente de la autoridad. Buscad y hallaréis, que yo (en este momento, no descarto localizarlo yo mismo más adelante) no tengo tiempo para ello en este momento. Trabajad un poco, y localizadlo vosotros mismos. Lo que allí se comenta bien puede combinarse con lo aquí escrito.

    Lo dicho, esto es parte de lo que pienso del tema. Aviso, ladrillo al canto.

    No creo que la posesión del carácter de agente de la autoridad mejore francamente el gremio, porque esto tendría que verse apoyado por una serie de mejoras legislativas a otros niveles. Mejora que no llegará, como poco, antes de otros 15-20 años. Sí que veo imprescindible que la aplicación del artículo 555 del Código Penal se aplique, sí o sí, en todas y cada una de las situaciones en las que, debido a nuestra obligación de actuar (art. 73 RSP, y todos los concordantes con el mismo), deba aplicarse. Este debería ser el primer paso para una mejora, sea la que sea y conlleve o no el carácter de agente de la autoridad, en lo que concierne a la prestación de servicios por parte de personal de seguridad privada debidamente habilitado a tales efectos por el MIR.

    El carácter de agente de la autoridad no erradicaría, por triste que suene (y por mucho que penséis que debería hacerlo), el intrusismo del gremio. ¿Por qué?

    Pues porque en nuestro caso dicho carácter sólo tendría relevancia en el desarrollo de nuestras funciones, y es bien sabido que las Unidades de Seguridad Privada tienen, en muchas ocasiones, mucha dificultad para distinguir a un trucho de un Vigilante de Seguridad; sí, por muy evidente que sea la intromisión del primero en el terreno laboral del segundo. Ergo, la ostentación de dicho carácter sólo ocurriría cuando el trucho actuara. Y, como toooodos sabemos, los truchos prácticamente no existen. O eso parece, a juzgar por la impunidad y descaro con la que actúan en determinados centros, a la vista de todos y de todas, y de las inexistentes sanciones que decoran sus paredes.

    Me vienen ahora a la sesera esos comunicados no vinculantes tan chachis, que al parecer deberían guiar sus actuaciones (puesto que, aun sin ser vinculantes, deberían estar basados en la legislación que tan bien deberían conocer y que debería ser la espina dorsal de su modus operandi) y que sólo sirven para decorar un apartado web de la página del CNP.

    No sé por qué ponéis esa cara. Eso es precisamente lo que hace un comunicado o informe no vinculante, rellenar un papelucho o rincón web. Es, a efectos jurídicos, papel mojado; a efectos éticos, una muestra de cobardía. Insisto, esta es MI opinión. Habrá otras que serán, como poco, igual de válidas; sino más.

    En fin, a lo que iba. El carácter de agente de la autoridad no serviría para erradicar el intrusismo. Así que, ¿para qué serviría?

    ¿Mejor cobertura jurídica?

    Evidentemente. Pero, básicamente, eso es todo. No me habléis de fumadas relacionadas con el respeto, repercusión social, ni chorradas parecidas. El Vigilante de Seguridad, incluso cuando poseía (sin el apropiado respaldo jurídico) dicho carácter, se encargó de dinamitar el concepto que podría tener de él la sociedad. Os guste o no, esto es realmente lo que hay.

    ¿Fue la culpa sólo del Vigilante de Seguridad?

    No. Seguridad Privada contribuyó, y mucho más, a que dicha imagen se extendiera. La presencia del intrusismo en el gremio es culpa suya, en gran medida, porque lo permite de forma abierta.

    Así que vamos a quedarnos con la única ventaja, mayor respaldo jurídico, y vamos a tocar de pasada el reverso de la moneda. Reverso que no voy a detallar, porque quiero que trabajéis un poco por vuestra cuenta. ¿Habéis visto los apartados del Ordenamiento Penal que exigen a quienes tengan dicho carácter que actúen, cómo actuar y las consecuencias de actuar mal cuando se posee dicha condición?

    Estoy seguro de que no. Ya conocéis el dicho, “un gran poder exige una gran responsabilidad”. No se trata sólo de tener “condición de”, sino de percatarse del verdadero alcance de dicha condición. La posibilidad de horadar esferas jurídicas ajenas, y extremadamente protegidas, debe hacerse sólo en las condiciones previstas en la ley, y cumpliendo con todos los requisitos para ello. Por ejemplo, el tan a menudo principio de proporcionalidad. Que aquí se vuelve algo más borroso de lo habitual, pero su esencia sigue siendo la misma; A para A, B para B, y así sucesivamente.

    Sí, habrá situaciones difíciles de catalogar. Bienvenidos a la Vida Real, donde muchas de las situaciones superan, con creces, la ficción y lo que enseña una academia. Sea de Seguridad Privada, o de las FFCCSS.

    ¿Está este gremio preparado para sobrepasar los límites actuales de su legislación?

    No. Y no porque no haya gente que sí que lo esté (que la hay), sino porque un colectivo, como una manada, se mueve a la velocidad de su miembro más lento. El miembro más lento es la Formación, que da para lo justo y a veces ni para eso. Las materias que toca son insuficientes para la posesión de dicha condición, porque esta obliga al conocimiento legislativo de situaciones que obligan a actuar, de una determinada manera, a quienes la tengan. Y esto es algo que no conoce, porque su Formación no lo incluía, ni siquiera el 1% del gremio.

    ¿Qué tendría que cambiar, además, para que el Vigilante de Seguridad tuviera dicha condición con “todas las de la ley”?

    Pues para empezar la propia ley, y sin el quebranto del principio de jerarquía normativa. Es decir, nada de normas chapuceras y sin rango normativo suficiente para otorgar dicha condición.

    Son conocidas muchas sentencias en las que se niega tal condición a los Vigilantes de Seguridad, pero a pesar de ello sois muchos los que insistís en que se “devuelva” dicho carácter a este gremio. De entrada, no puede devolverse lo que nunca nos perteneció por derecho. Al margen de esto, creo que a este tema le resultará más útil una sentencia que refleje la evolución del tema; más que, simplemente, el resultado final de un juicio.

    Esta es una sentencia de 1993, que expresa mejor lo que quiero explicar.

    Originalmente publicado por Id Cendoj: 28079120011993109347
    En el recurso de casación por INFRACCION DE LEY que ante Nos pende, interpuesto por el acusado
    Luis Carlos , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante que le condenó por delito de
    atentado a Agentes de la Autoridad y delito de lesiones...
    Es decir, recurre una sentencia en la que el acusado había sido condenado.

    Originalmente publicado por Id Cendoj: 28079120011993109347
    I. ANTECEDENTES

    1.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante instruyó Procedimiento Abreviado con el número
    191/89, contra Luis Carlos y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de dicha localidad que,
    con fecha 14 de junio de 1.991 dictó sentencia que contiene el siguiente HECHO PROBADO: "Que sobre las
    7 de la mañana del día 5 de mayo de 1.987, con ocasión de hallarse en el Tablao flamenco "El Rincón de
    Lola" de esta capital, el acusado Luis Carlos , mayor de edad y sin antecedentes penales, se originó una
    discusión entre el mismo y el dueño del local por diferencias en el precio de las consumiciones efectuadas, que
    degeneró en riña, saliendo ambos en unión de otras personas al exterior del local. Ya allí el acusado esgrimió
    un machete o cuchillo amenazando a los presentes, acercándose al mismo Jesús María y Iván , vigilantes
    jurados que provistos del uniforme e insignias reglamentarias desempeñaban sus funciones propias del cargo
    en el citado local, intentando desarmarle a lo que se opuso el acusado Luis Carlos , blandiendo el arma contra
    ellos, y al pretender el primero sujetarle el brazo, el inculpado en uno de los movimientos blandiendo el arma
    le produjo un corte en la mano derecha causándole sección de tendones del 2º, 3º y 5º, lo que produce una
    pérdida del 30% en la función de la mano, a consecuencia de la cual fue declarado en situación de Invalidez
    Permanente total para profesión habitual de vigilante jurado, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social".
    Esto fue lo que se consideró probado en el juicio.

    Originalmente publicado por Id Cendoj: 28079120011993109347
    FALLAMOS: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado en esta causa Luis Carlos
    como autor responsable de un delito de ATENTADO a Agentes de la Autoridad, y de un delito de LESIONES
    sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de OCHO MESES
    DE PRISION MENOR por el primero, y OCHO MESES DE PRISION MENOR Y MULTA DE TREINTA MIL
    PESETAS por el segundo con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
    durante el tiempo de dicha pena de privación de libertad y al pago con inclusión de las ocasionadas por la
    acusación particular de las costas del juicio y de un (sic) indemnización de 1.830.000 pesetas por lesiones y
    3.000.000 de pesetas por secuelas, al perjudicado Jesús María .

    Requiérase al acusado Luis Carlos al abono, en plazo de quince días, de la multa impuesta; caso de
    impago y si carece de bienes cumpla el mismo, como responsabilidad penal subsidiaria un arresto sustitutorio
    de tres días.
    Y este el veredicto de la Audiencia Nacional. Hasta aquí, lo que todo queréis leer. Pero la cosa no acaba aquí, sino que sigue. Se presentó recurso.

    Originalmente publicado por Id Cendoj: 28079120011993109347
    4.- La representación del acusado basó su recurso de Casación en los siguientes motivos:
    PRIMERO.- Al amparo del número 1 del Artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por
    INFRACCION DE LEY de un precepto legal de carácter sustantivo señalando como infringido el Artículo 231.2
    del Código penal.
    SEGUNDO.- Se invoca al amparo del número 1 del Artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
    señalando como infringido el Artículo 420 del Código penal.
    TERCERO.- Se invoca al amparo del número 1 del Artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
    por no aplicación del Artículo 424 del Código penal.
    5.- Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos
    los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.
    Y a continuación, el desarrollo del mismo.

    Originalmente publicado por Id Cendoj: 28079120011993109347
    La jurisprudencia de esta Sala ha venido de antiguo reconociendo la condición de agentes de la Autoridad a los Guardas jurados (Por ejemplo sentencias de 9 de mayo de 1.917; 26 de septiembre de 1.969 y 18 de diciembre de 1.990), lo que encontró un inicial apoyo en el Art. 283.6º L.E.Cr.,(que los incluía entre los componentes de la Policía judicial cuando estaban confirmados por la Administración) y aún posteriormente en
    el art. 18 del Real Decreto de 10 de marzo de 1.978, que expresamente les confiere tal carácter, cuando estén
    en el ejercicio de sus funciones y vistan el uniforme. Sin embargo, más recientemente, ante la proliferación
    del personal de guardería jurado al servicio de empresas y personas privadas, se puso en duda el valor de la
    norma últimamente citada y la procedencia de considerar en todo caso a los guardas jurados como agentes de
    la Autoridad, entendiendo que el Real-Decreto citado carecía de eficacia, por su inferior jerarquía normativa,
    para integrar en ese aspecto la norma penal del Art. 236 C.P. Cuestión ya resuelta por la última jurisprudencia de esta Sala que, en sus Sentencias de 20 de octubre de 1.991 y 6 de mayo y 18 de noviembre de 1.992 ha
    venido a negar el carácter de agentes de la Autoridad a los vigilantes jurados de seguridad
    en base a un
    triple orden de argumentos: primero , el de reserva de Ley, según el que el Poder legislativo puede acordar
    extender la protección penal, en lo que se refiere al delito de atentado, al personal de la seguridad privada,
    pero lo que no se puede es suplir la omisión de una Ley expresa sobre la cuestión mediante la potestad
    reglamentaria de la Administración ( argumento que hay que utilizar con cautela, en cuanto los preceptos en
    blanco pueden ser llenados por disposiciones reglamentarias, sin vulnerar ni el principio de legalidad ni el de
    reserva de Ley, como tiene declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 14 de julio de 1.987);
    segundo , el carácter privado de la función realizada, pues si aún sería admisible que tal personal de guardería gozara de tutela penal como agente de la autoridad, por reflejo de la que ostenta quien ejerce jurisdicción y dirige el lugar público donde prestare sus servicios y a cuyas órdenes actúan, no lo es cuando a quien sirven es a una entidad privada, que no posee poderes especiales de organización de orden o policía pública, por lo que ya la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de octubre de 1.979 sentaba que "si los vigilantes se hallaban al servicio de una entidad privada, no puede afirmarse ni reconocérseles la condición de agente de la Autoridad"; y tercero y ya definitivo, la Ley de 30 de julio de 1.992 sobre Seguridad Privada viene a esclarecer la cuestión y a confirmar lo fundado de los anteriores argumentos al establecer la competencia exclusiva de la Seguridad pública para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras las actividades de vigilancia y seguridad de personas o bienes realizadas privadamente por vigilantes de seguridad, escoltas
    privados, guardas particulares y detectives privados se efectúan fuera de toda consideración como agentes
    de la autoridad
    , sin perjuicio de su prestación de servicios complementarios o auxiliares de las Fuerzas de
    la Seguridad estatal, autonómica o local.

    Por lo que los guardas jurados de autos no tenían la consideración de agentes de la autoridad y no
    podían ser sujetos pasivos hábiles del delito de atentado apreciado en la Sentencia con infracción del Art.
    236 C.P.

    El motivo debe ser estimado.
    Esto es lo que había, y es lo que hay. Gustará más, gustará menos; pero es lo que hay. De hecho, he aquí como finaliza el asunto.

    Originalmente publicado por Id Cendoj: 28079120011993109347
    III. FALLO
    QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por
    INFRACCION DE LEY, interpuesto por Luis Carlos , contra sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante,
    de fecha 14 de junio de 1.991, que le condenó por delito de atentado a agentes de la autoridad y delito de
    lesiones, CASANDO Y ANULANDO dicha sentencia.
    Notifíquese esta resolución y la que seguidamente se dicte a dicha Audiencia a los fines oportunos,
    interesando acuse de recibo, remitiendo los autos que en su día elevó y declarando de oficio las costas de
    este procedimiento.
    Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos
    y firmamos
    SEGUNDA SENTENCIA
    En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de mil novecientos noventa y tres.
    En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante, con el número 191/89, y
    seguida ante la Audiencia Provincial de dicha localidad por delito de atentado contra agentes de la Autoridad
    y delito de lesiones contra el acusado Luis Carlos y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada
    Audiencia, con fecha 14 de junio de 1.991. que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy
    por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo
    la Ponencia del Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, hace constar lo siguiente:
    I. ANTECEDENTES
    Se aceptan los de la sentencia recurrida.
    II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
    PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de atentado de que acusaba
    el Ministerio Fiscal, por las razones expuestas en el Fundamento Primero de nuestra Sentencia casacional.
    Si lo son del delito de lesiones del art. 420, nº 2º del Código penal, en la redacción vigente al cometerse los
    hechos y de que también acusaba el Fiscal, por los mismos argumentos ya expuestos por la Sala de instancia
    en el Fundamento jurídico primero, que damos aquí por reproducidos, junto con los Fundamentos segundo y
    tercero de la sentencia de casación de que ésta trae causa.
    SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO. Se reproducen los de la sentencia recurrida, pero
    referidos tan solo al delito de lesiones que se declara existente.
    III. FALLO
    QUE DEBEMOS ABSOLVER y ABSOLVEMOS al acusado Luis Carlos , del delito de atentado a Agente
    de la Autoridad de que venía acusado por el Fiscal, con todos los pronunciamientos favorables. Se dan por
    reproducidos los demás pronunciamientos condenatorios del Fallo de la Sentencia recurrida, salvo el referente
    a las costas que deben entenderse impuestas por mitad. Se reproducen igualmente los pronunciamientos de dicha sentencia en orden a la indemnización fijada a favor de Jesús María , debiendo la Sala "a quo" resolver
    sobre la pieza de responsabilidad civil lo que en Derecho proceda.
    La sentencia peina canas, pero desarrolla el cambio en la corriente jurídica que consideraba a los VVJJ como agentes de la autoridad. Es precisamente por eso por lo que la he elegido, hay muchas más (y más recientes) que plasman recursos de idéntica naturaleza y fin.

    Me gustaría que, antes de blandir un estandarte en pos de la recuperación de la condición aquí expuesta, más de uno pensara en todo lo que ello conlleva. Nueva línea de actuación, nuevas responsabilidades, nuevas consecuencias si hay pifia al canto, etcétera. Creo que sois muchos los que pedís la devolución del carácter de agente de la autoridad, pero muy pocos los que os percatáis del alcance de dicha condición.

    En fin, vosotros mismos. No se trata de estar a favor o en contra de X, se trata de solicitar, antes de nada, lo que debería aplicarse siempre (CP 555) y luego ya se vería si la abuela fuma y además le da a la heroína.

    Como siempre, es mi opinión. Otros, tendrán otra.

    Un saludo.
Trabajando...
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