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ENTREVISTA a Esteban Gándara Comisario jefe de la UCSP Ley 5/2014?

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  • ENTREVISTA a Esteban Gándara Comisario jefe de la UCSP Ley 5/2014?

    “Estamos ante una gran oportunidad en materia de seguridad en España”



    Esteban Gándara Trueba, Comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía

    27/05/2014 - Por Ana Borredá y Enrique González

    Desde que asumió el cargo de jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía, la prioridad del comisario Esteban Gándara ha sido darle “un impulso decidido a la Seguridad Privada en España”, tal y como expresaba en la primera entrevista que concedió a 'Seguritecnia'. Casi seis años después, no cabe duda de que su incesante trabajo ha contribuido a alcanzar ese objetivo, que se ha hecho realidad con la aprobación de la Ley 5/2014.

    Él ha sido uno de los artífices de esa norma, que sitúa al sector en una posición impensable hace unos años y que representa “una gran oportunidad en materia de seguridad”. El siguiente paso después de la ley será conformar un nuevo Reglamento que la desarrolle, para lo que el comisario Gándara ya se ha puesto manos a la obra. Lo pudimos comprobar de primera mano durante la entrevista que el jefe de la UCSP concedió a esta publicación en su despacho.

    - Usted ha sido uno de los artífices de la nueva Ley de Seguridad Privada. ¿Cómo ha vivido el proceso de gestación de esta norma tan esperada por el sector?

    Para mí ha sido todo un honor haber contribuido a la elaboración de esta ley, como representante de la Policía Nacional. El proceso ha sido ejemplar por varias razones. En primer lugar, porque el Ministerio del Interior actuó rápido, bien y con mucho conocimiento en la primera labor de campo de hacer un documento sobre el que poder trabajar, y puso al frente a gente que conoce la realidad del sector de la Seguridad Privada.

    Con esos principios podríamos haber hecho una buena propuesta gubernamental y, de ahí, que fuera al Congreso. Pero el Ministerio acertó al no hacerlo. Antes habló con los sectores implicados, aquellos para los que la Ley de Seguridad Privada es una herramienta de trabajo. No sólo les escuchó, sino que además ellos participaron. El sector aceptó el reto y se implicó, hizo propuestas muy maduras y sensatas. Por tanto, el Ministerio del Interior cumplió su palabra. En la evolución de los diferentes textos que se han ido redactando se puede ver cómo, efectivamente, lo que dijo el sector está recogido.

    Con todo ello, el Ministerio consideró que tenía un texto consensuado con la inmensa mayoría del sector y lo llevó al Consejo de Ministros. A partir de ahí es cuando vinieron los informes de otros ministerios, organismos, etcétera, que, por cierto, fueron muy favorables al anteproyecto. Tras tomar nota de ellos, se le dio forma definitiva al texto que posteriormente se enviaría al Consejo de Ministros.

    Tengo que decir que también ha sido ejemplar el trabajo de las dos cámaras en cuanto al desarrollo y la participación. Lo digo porque más del 50 por ciento de las enmiendas presentadas en el Congreso fueron aceptadas en su totalidad o adaptadas parcialmente al texto. Hay pocas leyes que superen ese porcentaje. Cuando llegó al Senado, de las enmiendas que eran nuevas, se aceptó también un gran porcentaje en su totalidad o parcialmente.



    Por tanto, el esfuerzo de consenso por recoger las inquietudes de seguridad del Ministerio del Interior, del sector profesional de la Seguridad Privada, de los representantes de la soberanía nacional en el Congreso y de los representantes en el Senado ha dado como resultado que tengamos esta ley. Una ley que, desde el punto de vista técnico, es muy buena y configura un modelo claro, avanzado, muy europeo, vanguardista y que va a dar muchos más frutos que el modelo actual. Estamos ante una gran oportunidad en materia de seguridad en España.

    - ¿Cuál es el principal valor que aporta la nueva norma al sector?

    El primero es que, más allá de un modelo de seguridad privada, configura un modelo de seguridad del que forma parte. Ese modelo se completará con otros textos legales o estratégicos que ya existen o que vendrán posteriormente, como son la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana o el Proyecto de reforma del Código Penal. Dentro de ese modelo general de seguridad en España, hay un submodelo de seguridad privada que se recoge en una ley; algo que también es muy importante, porque aporta un grado de seguridad jurídica enorme.

    - Desde su punto de vista, ¿cuáles son las novedades más importantes que introduce la Ley 5/2014?

    La primera es que profesionaliza la seguridad privada, tanto desde el punto de vista de los prestadores de servicios como de los propios usuarios. Esa profesionalización se ve en novedades tan importantes como los requisitos y certificaciones que se piden para las empresas. En el caso del personal, ofrece un marco de formación y selección novedoso, que debe completarse con la invitación que hace la ley al Ministerio de Educación. Y en cuanto a los usuarios, aparte de definir qué son, hará que algunos sean sujetos obligados. Esto último tendrá que concretarse en el Reglamento, pero estamos seguros de que habrá un espectro más amplio de este tipo de usuarios que ahora.

    Todo ello acaba con la coordinación, que es la piedra angular. Esto es muy importante porque esa profesionalización se va a incardinar en la seguridad pública, de manera que todos los ciudadanos se beneficiarán del potencial de la seguridad privada. Además, la ley le da un mandato a la seguridad pública para que apoye a la seguridad privada cuando sea necesario.

    Esta ley pone, por primera vez, al ciudadano en el centro de las preocupaciones de la seguridad. Es él quien tiene derecho a su seguridad, libertad y autoprotección y, como consecuencia, los demás tenemos deberes. El Estado tiene el deber de dar seguridad a todos los ciudadanos y el hecho de que participe la seguridad privada es también con el objetivo de servir ese derecho.

    - En 2009 se aprobó la presencia de vigilantes de seguridad en los buques para hacer frente a la piratería en el Índico. Fue un nuevo servicio en el que hasta entonces ni siquiera se había pensado, pero que pudo hacerse modificando la ley de 1992. ¿Hasta qué punto está preparada la nueva ley para abordar en el futuro otros posibles ámbitos de actuación que ahora no están contemplados?

    Esta ley está incluso mejor preparada que la de 1992. Esa norma ha admitido una interpretación cada vez más flexible que ha permitido que hayan sido posibles servicios impensables hace dos décadas. Pero ha sido fruto de una interpretación flexible de un texto legal, que además apoyaba la interpretación en normas de rango inferior. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, eso no es bueno, aunque haya veces que tienes que transitar por ese camino. Ahora, la nueva norma eleva a categoría de ley aquellos servicios, como el de protección y vigilancia en buques. De esta manera sí que hay una seguridad jurídica clara.

    Además, la nueva ley contiene cláusulas que permitirán aceptar en el futuro servicios para los que hoy tal vez la sociedad no está preparada o que no pensamos que puedan ser necesarios.

    Hemos visto a través de la experiencia que los servicios que se han ido creando son buenos para la seguridad del ciudadano y se están prestando con una altísima calidad y profesionalidad. Además, esos servicios permiten que la seguridad pública concentre sus recursos allí donde se requiere su intervención de manera insustituible.

    - La ley cuenta con la satisfacción del sector en términos generales, pero hay aspectos, como el régimen sancionador, que han sido objeto de críticas. ¿Qué opinión le merecen las quejas en torno a las cuantías y el número de situaciones sujetas a multas?

    Desde el punto de vista de la cuantía, hay varios datos que son muy importantes a tener en cuenta. El primero, que las cantidades de las sanciones son las mismas que en la ley de 1992. Por tanto, no hay ni elevación de la cuantía máxima ni de la mínima, en ningún caso.

    El segundo dato es que las sanciones se han impuesto en la inmensa mayoría de ocasiones en su tramo inferior. Las más cuantiosas dentro del tramo inferior o las de tramo medio no se han producido muchas veces. Y las sanciones máximas prácticamente nunca se han impuesto.

    El tercer dato es una novedad muy interesante que introduce la ley. Ya no sólo contempla sanciones económicas, sino también otras, como el cierre o suspensión de la actividad por determinado tiempo. Además, la ley no contempla esos dos tipos de sanciones como una disyuntiva y pueden ser acumulativas. Por tanto, el efecto disuasorio para los malos operadores es mucho más importante.

    En cuarto lugar, el cuadro regulador que contempla esta ley es muchísimo más completo que el actual. A lo largo de estos más de 20 años, hemos aprendido de las cosas que eran perjudiciales para la seguridad privada, pero no tenían una infracción concreta, y de todos los procedimientos que han derivado en contenciosos administrativos. Es decir, hemos llevado al nuevo texto la jurisprudencia que había en torno a las sanciones.

    Sé que el número de infracciones que aparecen ha supuesto una cierta sorpresa, pero esas infracciones no nacen de la nada. La ley trata de castigar lo intolerable, no los errores. Hay equivocaciones que son intolerables y conductas abiertamente contrarias ya no sólo a la ley sino al sentido común. Todo esto es lo que recoge el amplio espectro de infracciones de la norma.

    Junto a ello, hay que mencionar que se han incorporado nuevos sujetos responsables que antes no estaban. Anteriormente había sujetos que tenían comportamientos inaceptables para los que la legislación no preveía ningún tipo de sanción.

    - La elaboración de la ley ha contado con una amplia participación de empresa, instituciones y profesionales del sector privado. ¿Podrá participar el sector también en el futuro desarrollo del Reglamento?

    Nuestra intención es que sí. Si antes decía que el Ministerio del Interior ha tenido grandes aciertos en la manera de elaborar la norma, estoy seguro de que no cambiaremos de método con el Reglamento. De hecho, en la medida en que el secretariado de la Comisión Nacional de Coordinación de Seguridad Privada recae en la UCSP, tenemos intención de convocar la comisión anual el día 20 y uno de los puntos es comprometernos a trasladar al Ministerio del Interior un documento con las posibles aportaciones que haya hecho el sector hasta ese momento. En ese sentido, cuanto más definidas estén las aportaciones que haga el sector, más fáciles serán de entender y de aplicar.

    - ¿De qué manera podrá participar el sector en la elaboración del Reglamento?

    Le vamos a dar al sector todas las oportunidades que quiera para participar. A través de la Comisión Nacional estamos en disposición de recibir cuantas aportaciones quiera hacer de manera libre. Además, tendremos que ver si será necesario o no tener reuniones bilaterales, grupos de trabajo y demás. Lo haremos para ayudar al Ministerio del Interior a que alumbre el mejor de los reglamentos posible.

    Estamos convencidos de que la participación será buena, los hechos lo han demostrado. No vamos a cometer el error de restringir la participación del sector. Lo que sí me gustaría es que el sector fuera consciente de que cuanto más de acuerdo se ponga y más concrete será mucho más eficaz. El marco general ya está en la ley, por lo que el Reglamento tiene que hacer concreciones. Quien pretenda modificar el marco de la ley a través del Reglamento verá frustradas sus expectativas.



    - Continuando con el Reglamento, una de las dudas más extendidas sobre su posible contenido está relacionada con las empresas obligadas a contar con medidas de seguridad. ¿Será el nuevo Reglamento más específico que el actual en cuanto a los establecimientos que tendrán que disponer de un departamento de Seguridad?

    La nueva ley contiene grandísimas transformaciones respecto a la anterior en cuanto a los sujetos obligados. La norma de 1992 ni siquiera los citaba porque únicamente quería regular la prestación de servicios por parte de las empresas y su personal. Es en el Reglamento de 1994 donde aparece el concepto de establecimiento obligado, pero éste viene del artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. El fundamento, en consecuencia, es la protección de la seguridad ciudadana.

    Este aspecto sigue siendo válido para la nueva ley, pero se amplía según la concepción que tiene la norma sobre la seguridad privada. El enfoque es mucho más amplio en cuanto que habla de los principios de corresponsabilidad y dice que las medidas deben ser adoptadas de manera voluntaria u obligatoria.

    Por tanto, el desarrollo que hará el Reglamento de los sujetos obligados tendrá una doble legitimidad, la de la Ley de Seguridad Privada, que antes no tenía, y la de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Si tenemos en cuenta esa doble legitimación, no creo que el Reglamento vaya a eliminar a ninguno de los que ya están, e incluso perfeccionará la forma de nombrarlos y las obligaciones que tienen.

    Dada la experiencia y la realidad conocida, lo normal es que se amplíe el espectro de sujetos obligados. A cuántos y a quiénes está por determinar y habrá que hacer propuestas. Por tanto, usuarios y el Ministerio del Interior han de pensar quiénes pueden sumarse a la lista como sujetos obligados, en qué casos y qué tipo de medidas tendrán que adoptar.

    Por otro lado, en el año 92, el catálogo de establecimientos obligados era fruto de la delincuencia que había en aquel momento, que afectaba especialmente a entidades financieras, loterías, farmacias, tiendas de antigüedades, etcétera. Estos establecimientos, por el tipo de actividad que desarrollaban o la forma de llevarla a cabo, bien generaban expectativas en la delincuencia o bien resultaban vulnerables. La respuesta fue imponer medidas de seguridad que trataban de evitar lo que estaba ocurriendo.Ese esquema no es válido para la sociedad del siglo XXI. Ahora tenemos que conseguir que las organizaciones interioricen una cultura de seguridad global, más allá de que una norma diga algo concreto. No obstante, además de incentivar esa cultura, la ley tendrá que concretar ciertos sujetos obligados, fruto no sólo de lo que ya conocemos sino también de lo que nos imaginamos que puede venir mañana. De ahí que la nueva ley incluya conceptos de seguridad informática, algo impensable en los años noventa.

    - ¿Es previsible que la seguridad informática se aborde de manera más amplia en el Reglamento?

    Habrá que recoger las condiciones y requisitos que deben reunir las empresas que se dedican a la seguridad informática para poder inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada. Esos requisitos vendrán dados con pretensión de calidad y seguridad.

    El Reglamento también tiene que decir en qué casos y qué medidas de seguridad informática se pueden imponer a los sujetos obligados.

    Por otro lado, destaca que la ley también contempla las ciberalarmas. Puedes o no tener ciberalarmas, pero si las tienes has de comunicarlas, seas o no empresa de seguridad. De lo contrario habrá una sanción. La ley dice que esas alarmas tendrán que comunicarse al organismo competente, y está aún por ver qué órgano será.

    - ¿Qué plazos manejan para que esté listo definitivamente el nuevo Reglamento de Seguridad Privada?

    En este caso tengo que hablar más bien de deseos. Lo que nos gustaría es que en 2014 tuviésemos Reglamento. Tal vez no sea en exceso realista, pero sí es posible. Cuanta más elaboración, participación y mejora técnica tenga el documento, más dilación en el tiempo habrá. Tendremos que tratar de encontrar un equilibrio entre la participación en cualquiera de sus formas y cumplir el objetivo de máximos, que sería tener el Reglamento este año.

    La responsabilidad está en quien tiene la competencia. En este caso, hay que llevar al Ministerio del Interior un documento lo más consensuado posible para que trate de impulsar el Real Decreto en el Consejo de Ministros y lo tengamos acabado en esos plazos. Pero insisto en que es difícil, porque además el Ministerio del Interior tiene otras normas legales abiertas en el Parlamento y eso consume los recursos técnico-jurídicos de la institución.

    Necesitamos buscar un equilibrio interno para conseguir la mayor participación en el menor tiempo posible. Tenemos mucho avanzado porque la ley nos ha marcado el terreno de juego, a lo que se suma que ya existe un Reglamento. Igualmente, tenemos unas órdenes ministeriales y muchos de sus artículos son de perfecta asunción por el Reglamento.

    Por tanto, si trabajamos rápido, con objetivos concretos y no especulamos, dispondremos de una cierta agilidad para tener un borrador antes del verano. Si lo tenemos para entonces, habría más posibilidades de tener un Reglamento a finales de año. De lo contrario, va a ser complicado. Yo, desde luego, estoy ilusionado por conseguirlo.

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  • #2
    Me parece uno de los mejores Comisarios que ha tenido la Unidad Central de Seguridad Privada, y que ha dado un impulso para reformar la LSP del 92 que estaba obsoleta.
    No coincido en el tema de las sanciones, creo que que se debía endurecer mucho más.
    No a las empresas que de forma reiterada la transgreden en un periodo largo de años ganando un mínimo de 200.000 euros por año y que mediante apelaciones atrasan las multas y cuando por fin salen a los 5 o 6 años han ganado un millón de euros y la multa no les hace daño, o desaparecen, se dan por insolventes etc. Creando una nueva, si no a los directivos, gerentes, apoderados de la misma les prohibía un cargo en una empresa de las mismas características.

    Creo que el intrusismo en Seguridad Privada hace mucho más daño que cualquier otro colectivo ya que daña la imagen que tenemos y es una de las principales características del mismo. Por eso digo deberían ser mas duras.

    En cuanto a la sanción de cierre de la empresa.... han de verlo mis ojos, así como dice el que no se ha impuesto la multa máxima, creo que tampoco veremos el cierre de la misma. Hay muchos intereses y contactos que no creo que pudieran hacer esto posible.

    Por lo demás creo que es un paso pequeño pero importante en Seguridad Privada y sin duda el Sr. Gándara a dado un buen aporte al mismo con toda su buena intención. Entendiendo también que no ha podido hacer más por las presiones a las que esta sometido su cargo seguramente.

    Aún así se agradece que lo poco que llegue a los profesionales de seguridad privada siempre es bien recibido (PORQUE POCO AQUÍ, ES MUCHO) y a esperar con ansiedad el reglamento y nos despeje algunas dudas.


    POSDATA:
    Ahora no se ONDI si dejarte en este post una joya de AECPYMES o nuestra mejor y querida patronal de UAS sobre el Art. 32, 47 y 57 de la Ley de SP.. que tuvo en una reunión en la Rioja... ¿?¿?¿?
    ((Por si no lo sabéis UAS es la nueva patronal que firma nuestro enrevesado y misero Convenio, la antigua AES)
    Editado por última vez por JUANAKOTANAKO; http://www.vigilantesdeseguridad.com/member/2428-juanakotanako en 23/10/14, 20:30:21.

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    • #3
      Espero Ondivel que me perdones por esta pequeña intromisión pero si no exploto.

      LAS PERLAS:

      Nuestra Maravillosa Patronal, en este caso UAS y AECPYMES pensaban y reclamaban que los operadores de central de recepción de alarmas fuesen considerados como personal de seguridad privada.
      Por ello reclamaban que la ley incluyese una categoría más dentro del personal que recoja a estos profesionales regulando una habilitación y formación específica. En esta línea CONSIDERABAN INADECUADO QUE FUESEN CONSIDERADOS VIGILANTES DE SEGURIDAD como se contemplaba en el proyecto de ley.

      Otro punto de controversia es si los servicios de verificación personal de alarmas deberían prestarse con armas de fuego, LA NUEVA LEY CONTEMPLABA QUE SÍ, pero desde AECPYMES y UAS CONSIDERABAN QUE NO ERA OPORTUNO por varios motivos.

      En primer lugar estos profesionales reciben una FORMACIÓN BÁSICA que no tiene en cuenta el uso de armas.
      En segundo lugar, para cubrir la responsabilidad en que pudieran incurrir los vigilantes debería asumirse EL COSTE DE PÓLIZAS DE SEGUROS que suponía una inversión económica que las empresas no pueden sufragar.

      Creo que es conveniente tenerlo en cuenta por la DESCONSIDERACIÓN QUE TIENEN AMBAS HACIA LA FIGURA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD DEL QUE VIVEN Y SACAN BENEFICIOS.

      ¿Qué pasó al final... Calló en saco roto o por el contrario accedieron el Comisario y el MIR en sus propuestas?

      Pues eso... a leerse la Nueva LSP y nos saca de dudas.

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