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  • Multa de 30.000 ¤uros a Mantrol Servicios S.L.

    Id Cendoj: 28079230052010100688 - Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso - Sede: Madrid - Sección: 5 - Nº de Recurso: 94/2010 - Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO – APELACION - Ponente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Tipo de Resolución: Sentencia
    SENTENCIA EN APELACION
    Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil diez.
    Visto por la Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen el Recurso de Apelación interpuesto por la entidad MANTROL SERVICIOS S.L., representada por el Procurador D. xxxxxxxxxxxx, contra la sentencia dictada con fecha 16 de febrero de 2010, por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 3 en autos de procedimiento ordinario nº 85/08; habiendo sido parte, además, la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
    Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado xxxxxxxxxxxx.

    ANTECEDENTES DE HECHO
    PRIMERO.- Deducido recurso de apelación por el recurrente, formulando las alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas, se tuvo por interpuesto por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y se dio traslado del mismo a las demás partes para que pudieran formalizar su oposición.

    SEGUNDO.- El Abogado del Estado dedujo el correspondiente escrito oponiéndose e impugnando el recurso de apelación, solicitando la desestimación del mismo.

    TERCERO.- Elevadas las presentes actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, previo emplazamiento de las partes, y su personación, se señaló para que tenga lugar la votación y fallo del mismo la audiencia del día 28 de septiembre de 2010 .
    VISTOS los preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO
    PRIMERO.- En el presente recurso de apelación se interpone contra la sentencia dictada con fecha 16 de febrero de 2010, por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 3 en autos de procedimiento ordinario nº 85/08, contra la resolución de fecha de 27 de mayo de 2008, por del Secretario de Estado de Seguridad, por sanción de la Ley de Seguridad Privada.

    SEGUNDO.- Como consecuencia de un expediente sancionador incoado a la entidad hoy apelante en el que se le imputaba: la prestación privada de servicios de seguridad sin estar autorizado para ello por el Ministerio del Interior, ni inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad, se le impuso una multa de 30.051 euros por infracción muy grave de la Ley 23/92, art. 22.1 .a).

    TERCERO.- En el escrito de demanda la parte actora alegó la falta de competencia territorial del órgano instructor, la caducidad del expediente y la falta de ámbito objetivo de aplicación del Reglamento de Seguridad Privada, cuestiones todas ellas que obtuvieron debida respuesta en la razonada y fundamentada sentencia dictada por el Juez Central.
    En esta apelación se reproducen las mismas alegaciones, excepto en la de la falta de competencia, que en lugar de la falta de competencia territorial se introduce la falta de competencia del órgano instructor.

    CUARTO.- Por razones de lógica procesal se han de examinar primeramente las cuestiones formales porque su estimación haría innecesario el examen del resto de las cuestiones planteadas por la parte. Así, sobre la caducidad, por el juego del art. 20.6 del Real Decreto 4 de agosto de 1993 por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y el art. 43.4 de la Ley 30/92 , los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos se entendían caducados debiéndose producir el archivo de las actuaciones por el transcurso de treinta días más seis meses.
    Tras la reforma operada por la susodicha Ley 4/1999 , para estos procedimientos, ha desaparecido el plazo de treinta días que establecía la Ley 30/92 , produciéndose la unificación con la norma reglamentaria (el RD anteriormente mencionado), en el supuesto de paralización del procedimiento sancionador por causa no imputable al interesado. De este modo la caducidad del expediente se entiende producida cuando, una vez incoado el procedimiento, haya transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar la correspondiente resolución administrativa, que establece el art. 42.2 de la Ley 4/1999 , que es el de seis meses. El dies a quo o fecha inicial del cómputo, se produce desde la fecha en que se dictó la resolución de inicio del expediente sancionador, tal y como establece el art. 20.6 del Real Decreto 4 de agosto de 1993 por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
    Si atendemos a la fecha de incoación del expediente, resolución dictada por el Delgado del Gobierno el 18 de diciembre de 2007 (folios 19 y 20 del expediente) y la fecha en que se notificó la resolución expresa, 4 de junio de 2008 (folio 48 del expediente), es evidente que aún no había trascurrido el plazo deseis meses, y consecuentemente el procedimiento sancionador no se encontraba en esa fecha caducado.
    El apelante, de forma errónea, toma en cuenta como inicio el cómputo de la caducidad, el día 2 de enero de 2007, que no es la fecha del dictado de la resolución de incoación del expediente sancionador, tal y como se ha expuesto, sino que corresponde a un Traslado del acuerdo de iniciación del expediente de fecha 2 de enero de 2007, formulada por el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Palencia. En definitiva, la incoación del expediente sancionador tiene lugar en virtud de resolución dictada por el Delgado del Gobierno el 18 de diciembre de 2007, que es el órgano competente, de acuerdo al art. 158.1 del Real Decreto 236/94 y la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

    QUINTO.- Sobre la alegación introducida en el escrito de apelación referente a la falta de competencia del órgano instructor, ha de decirse que el recurso de apelación, tiene por objeto depurar un resultado procesal anterior, nacido en función de las pretensiones formuladas en la primera instancia.
    En este recurso, los poderes del Tribunal "ad quem" son plenos en el sentido de que pueden conocer sobre toda la problemática del pleito seguido en la primera instancia, pero ello atendiendo a la pretensión revocatoria que contenga las alegaciones de la parte apelante, y sin sobrepasar los límites de las pretensiones de las partes explicitadas en la primera instancia: por ello, las partes no pueden plantear en el escrito de alegaciones del recurso de apelación, cuestiones nuevas que excedan de los términos en los que fue planteado el pleito en la primera instancia.
    De estimar la alegación planteada por la parte, estaríamos revocando una sentencia por una cuestión que no fue planteada ni en el procedimiento administrativo ni en el judicial y en la que el Juez, en ningún caso, pudo pronunciarse.
    No obstante, y a pesar de las consideraciones anteriores, no existe tal falta de competencia, porque existe una delegación por parte del titular de la competencia para la instrucción del expediente sancionador a favor del Subdelegado del Gobierno en Palencia, y en cualquier caso la instrucción, de conformidad a lo establecido en el art. 12.3 de la Ley 30/92 , correspondería al órgano inferior competente por razón de la materia y territorio, y de cualquier manera en caso de existir alguna irregularidad al respecto, ésta habría quedado subsanada con el dictado de la resolución definitiva por parte del Secretario de Estado de Seguridad, órgano superior de todos ellos y competente para el dictado de la resolución definitiva.

    SEXTO.- Centrándonos ya en la cuestión de fondo, debe significarse que como determina el art. 1.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada , "únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados, que trabajen en aquellas, los guardas particulares del campo y los detectives privados". Y el art. 7.1 de la Ley 23/1992 , por su parte, establece que "Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un registro que se llevará en el Ministerio del interior". Por su parte, el art. 22.1.a) de la misma ley tipifica como infracción muy grave "la prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria".
    La asunción por parte de las empresas de seguridad de funciones de exclusiva titularidad estatal, hace preciso que la Administración despliegue sobre ellas una amplia gama de controles impensables en otros sectores de la actividad económica.
    Así, en primer lugar, para realizar este tipo de actividad se exige tener la oportuna autorización
    administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior, y además de cumplir una serie de requisitos, en orden a su constitución societaria, cuantía mínima del capital social, medios materiales y humanos, prestación de fianzas (art.7.1 ), bien entendido, que la pérdida de algún requisito produce la cancelación de la inscripción (art.7.3 ).
    La concreción de tales requisitos se detallan en normas reglamentarias, por ello, la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su Disposición Final Primera , establece que: "El Gobierno dictará las normas reglamentaria que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley", entre otras establece, los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación; las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y realización de actividades de Seguridad Privada; las características que han de reunir los medios técnicos y materiales utilizados a tal fin; las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada; y el régimen de habilitación del personal. Conforme a la Disposición Adicional 1ª de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada, que no ha de estar integrado en empresas de seguridad privada, y puede ser directamente contratado por los titulares de los mismos, como las labores de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones, comprobación y control del estado de las calderas e instalaciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, tareas de recepción etc.
    Aunque en el plano estrictamente teórico, es clara la diferencia entre prestación de servicios de
    seguridad y las establecidas en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada , excluidas del ámbito de aplicación de la Ley, no lo es tanto a la hora de verificar en la práctica su contraste, puesto que la mayoría de las veces aquellas actividades se pretenden simular con otras no sometidas a los rigores de la legislación de seguridad privada, y entran en el mercado en una clara competencia desleal con empresas legalmente habilitadas para prestar ese tipo de servicios.

    SEPTIMO.- En el caso de autos, no existe duda alguna que los servicios prestados por la entidad hoy apelante, son de seguridad privada.
    1º Según Acta de Inspección de fecha 13 de febrero de 2007 (folio 3) que se realiza en la empresa EUROPAC, observan que las instalaciones de la empresa están cerradas por una barrera, en la que se encuentran una persona vistiendo uniforme de color marrón (pantalón camisa y cazadora) que se identifica como portero de la finca, existiendo una oficina situada una vez rebasado el primer control de accesos, donde hay un segundo control de acceso con dos barreras, y en el interior de la oficina existe un monitor en el que visionan 24 cámaras de vídeo vigilancia.
    2º En acta de declaración de la misma fecha (folio 4)), D. Felix manifiesta "que desempeña ese puesto desde hace algo más de tres años, consistiendo en realizar control de accesos tanto de personas como de vehículos, visionado de videocámaras de vigilancia instaladas en la fábrica Europa, recepción de llamadas desde la 18,00 horas aproximadamente, conectar y desconectar los sistemas de alarma. Que trabaja para la Empresa EME SISTEMAS DE SEGURIDAD, con categoría de conserje, con horario de trabajo de 19,00 horas a 23,00 horas o de 23,00 horas 07,00 horas. Que realizan idénticas funciones tres compañeros más".
    3º Según Consulta de Contratos (folio 12) D. Felix , al igual que tres trabajadores más (folios 11, 13 y 14), pertenecen a la empresa MANTROL SERVICIOS, S.L.
    4º Los trabajadores eran contratados por la empresa recurrente, y no por la empresa beneficiaria de los servicios (frente a lo que señala la DA 1ª de la LSP).
    5º Vestía uniforme al modo de los vigilantes de seguridad.



    OCTAVO.- Las labores eran de vigilancia, y no de auxiliar de servicios, puesto que la actividad desarrollada por los trabajadores era de control de acceso y vehículos y visionado de videocámaras de vigilancia, como pudieron comprobar los policías que practicaron el acta de inspección, y reconoce el propio trabajador al servicio de la entidad recurrente, aunque en su declaración manifestó que su empleadora era la Empresa EME SISTEMAS DE SEGURIDAD.
    Es decir, sus funciones eran las propias de vigilancia y seguridad, tal como ha considerado la Sala en múltiples casos similares al hoy enjuiciado (visionado de imágenes en monitores para control de espacios externos o internos. Por todas, las recientes sentencias de esta Sección de 29 de abril de 2009 (Recurso nº 53/2009) y 27 de mayo de 2009 (Recurso nº 93/09 ).
    En definitiva, a juicio de la Sala, del todo haber probatorio, especialmente del acta de inspección y declaración del trabajador de la empresa recurrente, se deduce que las funciones realizadas no tienen encaje en las enumeradas en la Disposición Adicional 1ª, la Ley de Seguridad Privada , sino que constituye prestación privada de servicios de vigilancia y seguridad comprendidas dentro de la misma Ley, para la que se requiere la oportuna autorización del Ministerio del Interior, que el personal tenga la habilitación necesaria y su inscripción en el registro de empresas de seguridad.

    Naturalmente, para evitar dichos controles y requisitos, se pretende cubrir una apariencia haciéndose pasar por empresa de prestación de otro tipo de servicios, con la aportación del contrato de prestación de servicios, nóminas, altas de Seguridad Social, etc., en el caso de autos en el contrato de trabajo figura como función desempeñada la de conserje de edificio, pero en realidad, dada la naturaleza de la actividad de seguridad privada, de esta forma accede al mercado, al eludir las responsabilidades y obligaciones propias de una empresa de tal naturaleza, con clara ventaja sobre las que cumplen escrupulosamente lo dispuesto en la legislación vigente.

    La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria, es constitutiva de infracción muy grave, tipificada en el art. 22.1.a) en relación con el 1.2 y 7.1 de la Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada , y en el art. 148.1.a) del Reglamento, para la que se prevé una multa entre 30.060 euros y 601.000 euros.
    No existe, pues, vulneración del principio de presunción de inocencia, ni de tipicidad, porque la conducta de la entidad apelante se incardina en dicho precepto legal como infracción muy grave imponiéndose la sanción en su grado mínimo, por lo que estimamos ponderada y proporcionada, sin que tampoco se haya vulnerado el principio de proporcionalidad.
    Razones todas ellas que conducen a la desestimación del recurso de apelación.

    NOVENO.- Que deben imponerse las costas en esta instancia a la parte apelante, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

    F A L L A M O S
    Que desestimamos el Recurso de Apelación interpuesto por interpuesto por la entidad MANTROL SERVICIOS S.L., representada por el Procurador D. Alberto Pérez Ambite, contra la sentencia dictada con fecha 16 de febrero de 2010, por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 3 en autos de procedimiento ordinario nº 85/08, que confirmamos; con imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte apelante.
    Se decreta la pérdida del depósito judicial constituido.
    Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevara testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

    PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, en la forma acostumbrada, de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.

  • #2
    Toma toma y tooooooma...

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    • #3
      Cuando uno lee este tipo de sentencias se da cuenta de que hasta qué punto las cosas podrían cambiar en la seguridad privada si todos arrimásemos el hombro. Nosotros, como principales víctimas del intrusismo, somos también los que podemos acabar con él presentando DENUNCIAS.
      "El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes." (Mahatma Gandhi)

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      • #4
        jajajaaj que buena noticia.ala truchos y empresucha de truchos a parla...... a....m.....

        con cosa como estas se os quitaran las ganas de truchear dejar alos profesionales currar.

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        • #5
          Editado por nifer: No se permite la entrada de auxiliares en el foro. Seguro que tu empresa: Mantrol Servicios, sabe donde hay páginas web de auxiliares, esta es una web única y exclusiva de VIGILANTES DE SEGURIDAD.
          Editado por última vez por nifer; http://www.vigilantesdeseguridad.com/member/928-nifer en 15/04/11, 14:29:22.

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