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Sentencia AP/Logroño: Caracter Agente de la Autoridad

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  • Sentencia AP/Logroño: Caracter Agente de la Autoridad

    Resumen:
    Se reconoce el Carácter de Agente Público de la Autoridad

    Id Cendoj: 26089370012009100506
    Órgano: Audiencia Provincial
    Sede: Logroño
    Sección: 1
    Nº de Recurso: 88/2009
    Nº de Resolución: 87/2009
    Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS
    Ponente: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
    Tipo de Resolución: Sentencia

    AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
    LOGROÑO
    SENTENCIA: 00087/2009
    AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RIOJA
    LOGROÑO
    Sección 001
    Rollo : 0000088 /2009
    Órgano Procedencia: JDO. DE INSTRUCCION N.3 de LOGROÑO
    Proc. Origen: JUICIO DE FALTAS nº 0001167 /2008
    S E N T E N C I A Nº 87 DE 2.009
    En la Ciudad de Logroño, a nueve de septiembre de dos mil nueve.

    El Ilmo. Sr. D. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño, actuando como Ponente en la causa, ha visto el rollo de Sala número 88/2009, en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas número 1.167 /2008, procedentes del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, cuyo recurso de apelación fue interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de marzo de 2009, siendo apelante DON Fabio , representado por la Procuradora Don Maria Luisa Rivero Francia y asistido por el letrado Don Alejandro Palacios Rios, y apelado DON Leopoldo , asistido por el letrado Don Jesús María Larrea Ruiz, y en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal.
    ANTECEDENTES DE HECHO
    PRIMERO.- Que con fecha de de 200, se dictó sentencia en cuya parte dispositiva se señalaba:
    FALLO.-"Que absuelvo a Leopoldo de las faltas que se le imputaban, declarando de oficio las costas
    procesales."
    SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia dentro de plazo, se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos dando traslado del mismo, con posterior remisión de la causa a este Tribunal y recibidos los autos, se acordó la formación del rollo correspondiente, y notificándose el proveído de registro a las partes, se dispuso hacer entrega de todas las actuaciones al Magistrado Ponente, para dictar la resolución oportuna.
    HECHOS PROBADOS
    Centro de Documentación Judicial

    UNICO.- Se acepta el los hechos probados que contiene la sentencia recurrida, que han de darse en esta instancia por reproducidos.
    FUNDAMENTOS DE DERECHO
    PRIMERO.- La sentencia, en la que se contiene el anterior pronunciamiento absolutorio respecto al denunciado Leopoldo , es objeto de recurso de apelación por parte de la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Rivero Francia, en nombre y representación del denunciante en el procedimiento Fabio .
    Se interesa en esta segunda instancia que, con estimación del recurso de apelación interpuesto, se revoque la sentencia dictada en la instancia y se condene al denunciado Leopoldo en los términos solicitados, con imposición de la pena de multa de treinta días por una falta de maltrato de obra y veinte días de multa por una falta de vejaciones, en ambos casos con una cuota diaria de 6 euros. En el recurso de apelación interpuesto se alega, como único motivo, la existencia de error en la valoración de la prueba, entendiéndose que, de la propia declaración del denunciado en el acto del juicio
    oral resulta que éste "invitó a salir" al denunciante del local en el que se encontraba "usando un poco la fuerza al negarse, y le echó por el brazo nada más". Según el letrado del recurrente, un vigilante jurado no tiene la condición de autoridad pública, no estando legalmente autorizado para utilizar la fuerza contra persona alguna, salvo su propia defensa o la de terceros. Al ser utilizada la fuerza contra el recurrente, quien se negó a abandonar la cafetería pero en ningún caso agredía a nadie, la acción del denunciado se
    entiende incardinada en el tipo penal del artículo 617.2 ó 620.2 del Código Penal .
    SEGUNDO.- Al respecto, dado que la sentencia de instancia es absolutoria y que el recurso se fundamenta en este caso en una supuesta errónea valoración de la prueba, básicamente testifical, por parte de la juzgadora de instancia, es obligado recordar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del Pleno de 18 de septiembre de 2002 afirmaba que "es cierto que el recurso de apelación en el procedimiento penal
    abreviado otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, y que su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso en idéntica situación que el juez a quo, no sólo en lo que hace a la subsunción de los hechos en la norma sino también en la determinación de tales hechos mediante la
    valoración de la prueba pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo. Pero, en el ejercicio de tales facultades que el art.795 (hoy art. 790 ) otorga al Tribunal ad quem, deben respetarse las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 de la CE . De ahí que hayamos afirmado que en la apelación de sentencias absolutorias, cuando aquella se funda en la apreciación de la prueba, si en apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración
    de las practicadas en la primera instancia cuando por la índole de las mismas es exigible inmediación y contradicción (STC 167/2002 )". Por consiguiente se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal que ha de resolver un recurso frente a una sentencia absolutoria revisa y corrige la valoración y ponderación realizada por el Juez de primera instancia de las declaraciones sin respetar los principios de inmediación y contradicción, siendo ello necesario para pronunciarse sobre su
    culpabilidad o inocencia, vulnerándose paralelamente el derecho a la presunción de inocencia en la medida en la que, a consecuencia de ello, la condena carezca de soporte probatorio (STC de 9 de febrero de 2004 ). Esta doctrina no hace sino incorporar a nuestro sistema jurídico la que ha ido elaborando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en relación con la cuestión suscitada, inicialmente recogida en su
    Sentencia de 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani contra Suecia) y consolidada posteriormente en pronunciamientos más recientes (SSTEDH de 8 de febrero de 2000, caso Cooke contra Austria y caso Stefanelli contra San Marino; 27 de junio de 2000, caso Constantinescu contra Rumania; y 25 de julio de 2000, caso Tierce y otros contra San Marino) que ha establecido que la noción de proceso justo o equitativo
    implica, en principio, la facultad del acusado de estar presente y ser oído personalmente en la primera instancia, y que la exigencia de esta garantía en fase de apelación depende de las peculiaridades del procedimiento considerado, para lo que es necesario examinar éste en su conjunto de acuerdo con el orden jurídico interno, el papel que ha de desempeñar la jurisdicción de apelación y la manera en que los intereses del demandante fueron realmente expuestos y protegidos por el Tribunal a la vista de las cuestiones que éste tiene que juzgar, pudiendo justificarse la falta de una vista o debate público en la segunda o tercera instancia por las características del procedimiento de que se trate, con tal de que se hayan celebrado en la primera instancia. Así pues, no se puede concluir, por lo tanto, que, como consecuencia de que un Tribunal de apelación esté investido de plenitud de jurisdicción, tal circunstancia ha de implicar siempre, en
    aplicación del artículo 6 del Convenio, el derecho a una audiencia pública en segunda instancia, independientemente de la naturaleza de las cuestiones a juzgar (FJ 10).
    Ahora bien, cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de Centro de Documentación Judicial

    Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la apelación no se puede resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que niegue haber cometido la infracción considerada punible, de modo que en tales casos el nuevo examen por el Tribunal de apelación de la declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audiencia en presencia del acusado y los demás
    interesados o partes adversas (STEDH de 26 de mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia, S 32-; 29 de octubre de 1991 -caso Helmers contra Suecia, SS 36, 37 y 39-; 29 de octubre de 1991 -caso Jan-Ake Anderson contra Suecia, § 28-; 29 de octubre de 1991 -caso Fejde contra Suecia, S 32 ).En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado más recientemente en su Sentencia de 27 de junio de 2000 (caso Constantinescu contra Rumania, SS 54 y 55, 58 y 59) que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción penal, precisando en este supuesto que, tras
    el pronunciamiento absolutorio en primera instancia, el acusado debía ser oído por el Tribunal de apelación, especialmente habida cuenta de que fue el primero en condenarle en el marco de un procedimiento dirigido a resolver sobre una acusación en materia penal. Doctrina que reitera en la Sentencia de 25 de junio de 2000 (caso Tierce y otros contra San Marino, SS 94, 95 y 96), en la que excluye que la ausencia de hechos
    nuevos sea suficiente para justificar la excepción a la necesidad de los debates públicos en apelación en presencia del acusado, debiendo tenerse en cuenta ante todo las cuestiones sometidas al Juez de apelación.
    TERCERO.- Extrapolando la anterior doctrina al caso que nos ocupa resulta evidente que el apelante lo que pretende es una nueva valoración de la prueba en esta alzada, debiendo no obstante estarse a lo razonado al respecto por la juzgadora de instancia en la resolución recurrida.
    A cuanto se expresa en la resolución recurrida cabe añadir tan solo que los Agentes de la Autoridad son personas que, por disposición legal o nombramiento de quien para ello es competente, se hallan encargados del mantenimiento del orden público y de la seguridad de las personas y de las cosas, cometido reservado fundamentalmente a los Cuerpos de Seguridad del Estado (en su caso también las Policías Municipales y Autonómicas). La STS de 18 de diciembre de 1990 , en representación de la postura
    tradicional, atribuye también la defensa y protección de las personas y de las propiedades, en el entorno de la investigación delictiva, a los Vigilante Jurados de Seguridad, aún cuando no sea sino como auxiliares de la Policía Judicial (por eso el artículo 283.6° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de "Jurados o confirmados por la Administración"). En esa línea, se atribuye a los mismos el carácter y calidad de
    verdaderos Agentes de la Autoridad cuando estén en el ejercicio del cargo y vistan el uniforme, según se desprende de los artículos 4.7 y 8 del Decreto de 10 marzo 1978 que regulaba los nombramientos, funciones, actuación y contenido de tales Vigilantes. También incide en la cuestión la STS de 18 de noviembre de 1992 , para la cual la Ley de 30 julio de 1992 sobre Seguridad Privada , estudia y analiza los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto de la seguridad
    pública, competencia ésta exclusiva, y así ha sido dicho antes, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículos 149.1°, y 104 CE ). En esa norma las actividades de y seguridad de personas o bienes se realizaran por los Vigilantes de Seguridad, Jefes de Seguridad, Escoltas privadas, Guardas Particulares y Detectives Privados, fuerza de toda consideración como Agentes Públicos de la Autoridad, puesto que son auxiliares de aquellas Fuerzas y han de prestarles colaboración y seguir sus instrucciones.

    Normalmente, y por lo que a los Vigilantes se refiere, esas funciones se ejercen exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedad de cuya estuvieren encargados, como es el caso.

    En atención a todo lo anterior procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la sentencia de instancia con absolución del denunciado.
    CUARTO.- En materia de costas procesales ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 240 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Vistos los preceptos legales invocados, y demás de pertinente aplicación al caso, en atención a todo lo expuesto.
    FALLO
    1º.- Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Rivero Francia, en nombre y representación de Fabio , contra la sentencia dictada en fecha de 26 de marzo de 2009 por la Sra. Juez del Juzgado de Instrucción núm. Tres de Logroño (La Rioja), en el Centro de Documentación Judicial
    Juicio de Faltas núm. 1167/08 , la que debo confirmar y confirmo.
    2º.- Con imposición de las costas procesales en esta instancia al recurrente.
    3º.- Se declara firme esta resolución.
    4º.- Remítanse las actuaciones al órgano de procedencia con testimonio de esta resolución interesando acuse de recibo.
    Cúmplase al notificar la presente resolución, lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
    Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de la Sala, guardándose el original para su unión al Libro de Sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.
    PUBLICACIÓN: En fecha diez de septiembre de dos mil nueve fue leída y publicada la anterior
    resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
    DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

    ¡AGRADECERÍA NO ESCRIBIR EN LAS SENTENCIAS... SI ALGUIEN ESTA EN CONTRA O A FAVOR O QUIERE VALORARLA TIENE OTROS MEDIOS EN ESTE FORO!

  • #2
    Las sentencias judiciales deben acatarse y respetarse, pero pueden criticarse. Esta sentencia es flojísima, por varias razones que expongo: alude en sus fundamentos jurídicos al Reglamento ministerial de 1978 que dotó en su día a los Vigilantes Jurados del carácter de agente de la autoridad. Dicho Reglamento estuvo vigente (pero con numerosas sentencias que lo invalidaban en ese aspecto) hasta la actual 23/1992, que ya no otorgó aquel carácter de agente de la autoridad. Aludir en una sentencia como fundamento de derecho una norma prescrita dice muy poco del juez.

    En cuanto a su argumento de lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habrá que indicar que es de 17 de septiembre de 1882, modificada entre otras y por último, cien años después, el 10 de octubre de 1982. En el libro II, Título III, se refiere a la Policía Judicial, y en su art. 283 relaciona aquellas personas o cuerpos que pueden realizar tal función. Lo primero es señalar que dicho artículo, conservado como el original de 1882, indica que pueden ser Policía Judicial órganos absolutamente extintos, como los Serenos y Celadores o la antigua Policía de Seguridad. En dicho artículo, que el legislador no ha modificado, no se menciona ni al Cuerpo Nacional de Policía ni a las Autonómicas, aunque sí la Guardia Civil, existente desde 1844, anterior pues a la LEC.

    Por otro lado el juez, en su sentencia, señala como tales agentes “Jurados o confirmados por la Administración" (sic). Es una lamentable trasposición del art. 283.6 de dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, textualmente, señala en ese punto como Policía Judicial a: “Los Guardas de Montes, Campos y Sembrados, jurados o confirmados por la Administración”. Digo que es lamentable porque la primera parte del artículo “Los Guardas de Monte, …” no se indican por Su Señoría, y por tanto el sujeto de la oración, que son ellos, son los que gozarían de la atribución de agentes de la autoridad, una vez hubieran “jurado o confirmado por la Administración”. Nada tiene que ver los antiguos y también desaparecidos Guardas de Montes, Campos y Sembrados, propios de una sociedad rural, con la actual sociedad industrial y urbana.

    Tomar como fundamentos de derecho normas derogadas o artículos arcaicos que se mantienen por la vaguería del Legislador sin hacer lo que debería hacer un juez, adaptar la norma a las convenciones sociales de la época en que juzga, dar lugar a estas sentencias anacrónicas, tanto como alegar cualquier Código Penal prescrito, leyes de la Partida Séptima de las Siete Partidas (las que aluden al Derecho Penal) de Alfonso X “El Sabio” o cualquier otro cuerpo legislativo inaplicable. Saludos cordiales.

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    • #3
      porfavor explicarme la sentencia porque no la entiendo

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      • #4
        Bien yo lo que entiendo es que el abogao del que recurre la sentencia es decir el denunciante "Es Tonto Del Culo"
        Me explico....
        El tonto de capirote y desinformado escribe en la apelacion y nos llama vigilantes jurados........
        Pues gracias muy señor mio ya que los tres magistrados de la audiencia provincial van y miran jurisprudencias y leyes sobre guardas/viglantes jurados y ven vigilante jurado = Agente de la autoridad y resuelven en consecuencia.
        Es decir el tonto lava de ****** hunde en la miseria a su defendido porque si no es el el que aporta todo correctamente la audiencia no va a molestarse por el...

        Moraleja. ... No te fies de un letrado , ni de un dentista y pide una segunda opinion jajja
        A veces a ciegas y en la oscuridad se ven las cosas mas claras

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        • #5
          El Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño absolvió a D. Leopoldo (VS) de una falta de maltrato de obra y vejaciones, ante la denuncia de D. Fabio (persona particular). Los hechos fueron que D. Leopoldo expulsó a D. Fabio de una cafetería (la sentencia no indica la causa de esa expulsión, podemos coligar que no tenía buen comportamiento o estaba bebido), usando de la fuerza, aunque la sentencia también señala que D. Fabio no había agredido a nadie. D. Fabio recurre a la Audiencia Provincial alegando defectos en la valoración de la prueba, indicando en su demanda que D. Leopoldo (VS) no es agente de la autoridad, (únicos que pueden emplear la coacción física, por el monopolio de la violencia concedida al Estado, siempre de manera proporcionada). La Audiencia Provincial reconoce a D. Leopoldo el carácter de agente de la autoridad, y por tanto le absuelve (como le absolvió en su día el Juzgado de Instrucción que entendió del tema en primera instancia) de esa falta de maltrato de obra y otra de vejaciones.

          Ese es el resumen de la Sentencia. Pero me mantengo en la inconsistencia de los argumentos del juzgador, por emplear como fuerza de ley Reglamentos derogados (el de 197 y artículos de la LEC sesgándolos. Además ofrece una visión genérica de la Ley 23/1992, copiando artículos fuera de su contexto legal, dando el carácter de auxiliar y colaboración con las FOP una estructura jurídica que les convierte en agente de la autoridad, argumento extremadamente simplista, porque también el ATS es auxiliar del médico y debe colaborar con él buscando la salud del enfermo, pero ello no le convierte en médico ni le habilita como tal. Saludos cordiales.

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          • #6
            Ninjaco tiene razón: Según el principio acusatorio que rige en el Derecho penal español, es el abogado del demandante D. Fabio el que tenía que alegar lo que mejor procediera, pero decir sin más que D. Leopoldo no es agente de la autoridad sin argumentarlo, lo que provoca es que ante hechos que no dejan de ser leves (por eso es un Juicio de Faltas), los magistrados vayan a condenar a D. Leopoldo cuando el letrado demandante no aporta una fundada exposición. Por ejemplo: indicar que la única Ley "ad hoc" es la 23/1992 de Seguridad Privada. Indicar que el art. 283 se refiere a Policía Judicial, facultad de investigación negada expresamente a los VS por la Ley 23/1992. Indicar que en la vigilancia de una cafetería no se reciben órdenes o instrucciones de las FOP, sino el visado de un contrato entre particulares (empresa de Seguridad y cafetería). Y muy numerosas sentencias del TS que niegan ese carácter de agente de la autoridad. Saludos cordiales.

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            • #7
              joder to mas lia que un trompo.el juez dicto sobre la ley del 78 o del 92 a ver si me aclaro.

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              • #8
                Cosmonauta: El juez cita el Reglamento de 1978 y la Ley 23/1992. Las dos, aunque la segunda derogó la primera. Tan absurdo como que el juez en una sentencia penal por otra causa citara los Códigos Penales de 1822, 1848, 1870 y 1932 y después el franquista y luego el de 1973, también viviendo Franco. El válido es el actual, LO 10/1995 de 23 de noviembre, modificada por la LO 15/2003. Citarlos es una mera construcción doctrinal, propia de historiadores del Derecho, no de jueces que sólo deben sentenciar de acuerdo a la norma vigente, no a las derogadas. Me reitero en la mala calidad de la sentencia y en los rizos y picados (valga el símil aeronáutico) que hace para no quitar la razon el juez de Primera Instancia. Teniendo en cuenta todo ello, a veces se alega alguna sentencia de Audiencia para apoyar el carácter de agente de la autoridad, algún informe de la Fiscalía del Estado (que no genera Derecho, es mera opinión) e incluso simples sentencias de Juzgado de Primera Instrucción. El Tribunal Supremo en cambio mantiene una reiterada jurisprudencia en contra, incluso cuando podía estar vigente el Reglamento de 1978. Saludos.

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                • #9
                  Originalmente publicado por kalikatres
                  Cosmonauta: El juez cita el Reglamento de 1978 y la Ley 23/1992. Las dos, aunque la segunda derogó la primera. Tan absurdo como que el juez en una sentencia penal por otra causa citara los Códigos Penales de 1822, 1848, 1870 y 1932 y después el franquista y luego el de 1973, también viviendo Franco. El válido es el actual, LO 10/1995 de 23 de noviembre, modificada por la LO 15/2003. Citarlos es una mera construcción doctrinal, propia de historiadores del Derecho, no de jueces que sólo deben sentenciar de acuerdo a la norma vigente, no a las derogadas. Me reitero en la mala calidad de la sentencia y en los rizos y picados (valga el símil aeronáutico) que hace para no quitar la razon el juez de Primera Instancia. Teniendo en cuenta todo ello, a veces se alega alguna sentencia de Audiencia para apoyar el carácter de agente de la autoridad, algún informe de la Fiscalía del Estado (que no genera Derecho, es mera opinión) e incluso simples sentencias de Juzgado de Primera Instrucción. El Tribunal Supremo en cambio mantiene una reiterada jurisprudencia en contra, incluso cuando podía estar vigente el Reglamento de 1978. Saludos.

                  ahora lo he comprendido perfectamente ,gracias por tu aclaracion compañero.un saludo

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