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Instalar cámaras para controlar a trabajagotres puede salirle muy caro a la empresa

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  • Instalar cámaras para controlar a trabajagotres puede salirle muy caro a la empresa

    Instalar cámaras de seguridad para controlar la actividad laboral puede salirle muy caro a la empresa

    Enviado por Editorial el Vie, 14/09/2012 - 14:25. Jurisprudencia
    En la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 3 de mayo de 2012, se analizan los efectos que puede tener la instalación por el empresario en el centro de trabajo de cámaras de vigilancia con control remoto sin advertir de su presencia a los trabajadores, aunque sean visibles, y sin que estos firmen el consentimiento o conocimiento de la existencia de grabación de su imagen.

    En el caso enjuiciado, el centro de trabajo era una farmacia, controlando el empleador a través de dichas cámaras la labor de los dependientes, observando sus quehaceres diarios y llamando en ocasiones para dar instrucciones a los mismos sobre su relación con los clientes.

    La cuestión no es baladí, ya que esta actitud empresarial es susceptible de constituir un incumplimiento grave encuadrable en el artículo 50.1 c) del ET, con las consecuencias que ello implica, es decir, que el trabajador afectado pueda solicitar la extinción indemnizada del contrato de trabajo.

    Señala el Tribunal Constitucional que el poder de dirección atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones laborales (art. 20.3 del ET), aunque siempre dentro del debido respeto a la dignidad del trabajador [Art. 4.2 e) del ET].

    La necesidad de preservar el preciso equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito de su libertad constitucional, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, implica que cualquier modulación en el ejercicio de estos tiene que ser indispensable y estrictamente necesaria para satisfacer un interés empresarial merecedor de tutela y protección, de manera que si existen otras posibilidades de satisfacer dicho interés menos agresivas y afectantes del derecho en cuestión, habrá que emplear estas últimas en aplicación del principio de proporcionalidad.

    Interpreta el magistrado que la instalación de cámaras de vigilancia que permita, con el único fin de controlar el trabajo, la grabación continuada e indiscriminada de la actividad productiva, implica la vulneración del derecho a la intimidad, ya que la mera utilidad o conveniencia para la empresa no legitima sin más la instalación de aparatos de grabación de imágenes, al existir otros medios para comprobar si los trabajadores cumplen adecuadamente con su deber de prestar servicios, como la utilización de medios automáticos de control de entrada y salida del centro de trabajo o de verificación de la venta de productos, etc.

    Como comentábamos, las consecuencias para la empresa son nefastas, puesto que el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente. De igual forma, al tratarse de un establecimiento abierto al público que constituye a la vez un centro de trabajo, la captación de imágenes de los clientes obliga a cumplir con el deber de informarles en los términos recogidos en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, mediante distintivos informativos. Al no hacerlo así, el empresario podría ser sancionado, por infracción leve, a tenor de lo establecido en el art. 45.1 de la LOPD (modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo) con multa comprendida entre los 900 euros y los 40000 euros .

    Con independencia de lo expuesto hasta ahora, existen otros supuestos en que la jurisprudencia sí ampara la instalación de cámaras de vigilancia cuando existe la debida justificación, es decir, cuando es estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva.

    Valga como ejemplo la situación en la que se encontraba un supermercado donde se venían produciendo pérdidas por un elevado importe debido a la falta de facturación de productos, ante lo que se decidió instalar temporalmente cámaras de videograbación, unas visibles en el exterior (cuya existencia fue anunciada) y otras ocultas en el interior (cuya existencia no fue anunciada), siendo el campo de visión de estas últimas la zona de cajas (STSJ de Cataluña, Sala de lo Social, de 23 de febrero de 2011, rec. núm. 6643/2010). O aquella otra en la que el dueño de un bar procedió a la instalación de un sistema de grabación por video ante las razonables sospechas de la comisión por parte de las camareras de graves irregularidades en su puesto de trabajo, con el fin de verificar si se cometían efectivamente las anomalías sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes, limitándose la grabación de imágenes a la zona de la caja registradora y almacenamiento y a una duración temporal limitada, la suficiente para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada (STSJ de Navarra, Sala de lo Social, de 28 de septiembre de 2010, rec. núm. 234/2010).

    En ambos casos se estimó que la intimidad de los recurrentes no resultó agredida por el mero hecho de filmar cómo desempeñaban las tareas encomendadas en su puesto de trabajo, pues esa medida no resulta arbitraria ni caprichosa, ni se pretendía con la misma divulgar su conducta, sino que se trataba de obtener un conocimiento de cuál era su comportamiento laboral, pretensión justificada por la circunstancia de haberse detectado alteraciones en la actuación profesional constitutivas de transgresión a la buena fe contractual.

    El fin era, en suma, verificar las fundadas sospechas de la empresa sobre la conducta de los trabajadores, sospechas que efectivamente resultaron corroboradas por las grabaciones videográficas, y de tener una prueba fehaciente de la comisión de tales hechos para el caso de que el trabajador impugnase la sanción de despido disciplinario impuesto por la empleadora.

    Por otra parte, el hecho de que la instalación del sistema de vigilancia no se ponga en conocimiento del Comité de empresa y de los trabajadores afectados (sin duda por el justificado temor a que se frustre la finalidad apetecida), carece de trascendencia desde la perspectiva constitucional, pues, fuese o no exigible el informe previo del Comité a la luz del art. 64.5 f) del ET, estaríamos en todo caso ante una cuestión de mera legalidad ordinaria.

    Para concluir conviene recordar que la instalación de tales medios en lugares de descanso o esparcimiento, vestuarios, aseos, comedores y análogos resulta, «a fortiori», lesiva, en todo caso, del derecho a la intimidad de los trabajadores, sin más consideraciones.

    Instalar cámaras de seguridad para controlar la actividad laboral puede salirle muy caro a la empresa | Laboral Social - Derecho laboral en España

    Instalar cámaras de seguridad para controlar la actividad laboral puede salirle muy caro a la empresa
    Editado por última vez por Ondivel; http://www.vigilantesdeseguridad.com/member/5108-ondivel en 10/07/14, 21:58:27.
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  • #2
    Seguramente ésta noticia les será muy útil a todos los que trabajan en el CCTV de los centros comerciales El Corte Inglés

    Comentario


    • #3
      solo un apunte:
      "sin advertir de su presencia a los trabajadores, aunque sean visibles, y sin que estos firmen el consentimiento o conocimiento de la existencia de grabación de su imagen."

      un saludo

      Comentario


      • #4
        Cámaras ocultas para controlar a los trabajadores. ¿Son legales?

        Es sabido que la jurisdicción laboral a través de sentencias como la STSJ de Navarra 263/10 o STSJ de Cataluña1443/2011 han dado validez al uso de cámaras ocultas en los centros de trabajo en base al poder de dirección y control que tiene el empresario, siempre con determinadas garantías y limitaciones como veremos a continuación. Pero desde la perspectiva de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿las considera legales?

        Francisco Ramón González-Calero Manzanares,
        abogado


        Las sentencias reseñadas anteriormente analizan la procedencia o improcedencia de los despidos disciplinarios ocurridos tras la instalación con carácter temporal por parte del empleador, de cámaras ocultas con la intencionalidad de controlar a sus trabajadores, tras detectar que por parte de algunos empleados se podían estar cometiendo graves irregularidades.

        Las sentencias parten de la doctrina del Tribunal Constitucional que sobre el derecho a la propia imagen, se ha ido forjando a lo largo de numerosas sentencias, entendiéndose como "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana".

        Este derecho es igualmente aplicable a las relaciones laborales según añade el TC, pero este derecho "no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho En este sentido debe tenerse en cuenta que el poder de dirección del empresario, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva (organización que refleja otros derechos reconocidos constitucionalmente en los arts. 33 y 38 CE) y reconocido expresamente en el Art. 20 LET, atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de producirse en todo caso, como es lógico, dentro del debido respecto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo recuerda igualmente la normativa laboral [arts. 4.2 c) y 20.3 LET ]."

        Partiendo de estas premisas constitucionales, el TSJ de Navarra estima que "podemos concluir que, en el caso que nos ocupa, la medida de instalación de un sistema de grabación por video que controlaba la zona donde las demandantes desempeñaban su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte de las recurrentes de graves irregularidades en su puesto de trabajo); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si se cometían efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja registradora y almacenamiento y a una duración temporal limitada, la suficiente para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada), por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el Art. 18.1 CE ." y el TSJ de Cataluña tras manifestar que "en suma, habrá que atender no sólo al lugar del centro del trabajo en que se instalan por la empresa sistemas audiovisuales de control, sino también a otros elementos de juicio (si la instalación se hace o no indiscriminada y masivamente, si los sistemas son visibles o han sido instalados subrepticiamente, la finalidad real perseguida con la instalación de tales sistemas, si existen razones de seguridad, por el tipo de actividad que se desarrolla en el centro de trabajo de que se trate, que justifique la implantación de tales medios de control, etc.) para dilucidar en cada caso concreto si esos medios de vigilancia y control respetan el derecho a la intimidad de los trabajadores" concluye que "la grabación que ha efectuado la empresa en este caso que analizamos ha quedado probado que era necesaria y proporcionada pues de la valoración conjunta de la prueba por parte del magistrado de instancia de la testifical y el interrogatorio de la empresa, queda probado la existencia de anomalías en cuanto a la cifra elevada de los productos que faltaban y el descuadre de productos".

        Inclusive la reciente sentencia de la sala de lo Social del TSJ de Cataluña de 5 de marzo de 2012 estima que no se vulnera la intimidad del trabajador al instalar un GPS sin su conocimiento utilizando una argumentación muy similar a la estudiada con anterioridad.

        Pero llegados al punto de analizar la licitud de estas medidas desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal, nos encontramos con la LOPD, su Reglamento de desarrollo y la Instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos 1/2006 sobre Videovigilancia.

        Atendiendo a todas ellas, si el sistema graba habría que declarar un fichero de datos de carácter personal (con la debida publicidad registral), colocar carteles informativos en las zonas de grabación, tener formularios de ejercicios de derechos y añadiendo un requisito de la legislación laboral, notificarlo a los representantes de los trabajadores. Claro está que la aplicación de estas medidas elimina la posibilidad de pillar "in fraganti" al empleado desleal.

        Pero es más, analizando la resolución de procedimientos similares ante al Agencia Española de Protección de Datos, nos encontramos el procedimiento PS/00696/2008 en el que se impone una sanción a una gran superficie de MIL EUROS, tras instalar temporalmente cámaras ocultas y utilizar esas grabaciones como base de un despido disciplinario. Lamentablemente la escasa cuantía debió hacer desistir a la denunciada a entablar un contencioso administrativo (no tengo constancia fehaciente que no fuera recurrida), pero hubiera sido interesante conocer la opinión de la Audiencia Nacional sobre la imposición de una sanción sobre un medio probatorio calificado previamente en juicio como válido y lícito.

        Y aún más estupefacto me he quedado al comprobar que en los procedimientos de la Agencia Española de Protección de Datos PS/00506/2009 y E/05003/2011, aunque si bien no se trata de instalación de cámaras en el ámbito laboral, se archivan las actuaciones porque en el primer supuesto han sido aceptadas como prueba válida por el Juzgado de Primera Instancia en el Juicio Verbal que entendió del asunto entendiendo la AEPD que entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la tutela judicial efectiva ha de primar este último y que la Ley de Enjuiciamiento Civil habilita en su artículo 299.2 estos medios probatorios y, en el segundo supuesto además de utilizar los argumentos anteriores, ya que las imágenes fueron aportadas en el marco de una denuncia penal por agresiones, cita doctrina de la Audiencia Nacional "Además de que el sometimiento de los ficheros judiciales a la LOPD ha de entenderse (según la misma SAN 9-10-2009 Rec. 37/2009 ) sin menoscabo de la función jurisdiccional y, por tanto, atinente a lo que debe considerarse como "aspecto accesorio" o administrativo de la función jurisdiccional, centrándonos concretamente en el procedimiento judicial, existen también en él una serie de intereses y garantías que ostentan un trascendente valor en dicho proceso, tales como el del verdadero esclarecimiento de los hechos o el legítimo ejercicio del derecho de defensa de las partes, que han de ser ponderados en aquellos casos en que dichos intereses y garantías confluyen con el derecho contemplado en el artículo 18.4 CE , hasta el punto de que pueden llegar a implicar una importante limitación de tal derecho de protección de datos personales."

        Por todo ello, si un cliente me pregunta sobre el uso de cámaras en el ámbito laboral, le informaré que debe inscribir un fichero ante la AEPD, que debe colocar carteles en las zonas grabadas, que debe implantar unas medidas de seguridad para esas grabaciones, que debe tener formularios de ejercicios de derechos A.R.C.O. a disposición de los afectados, que debe comunicarlo a los representantes de los trabajadores y que de esa manera, la AEPD seguramente resolverá archivando actuaciones como en el procedimiento E/03237/2011 en el que un trabajador denuncia la colocación de una cámara apuntando a su puesto de trabajo. Pero si lo que me pregunta es por la instalación de una cámara oculta con carácter temporal tras descubrir que le falta mercancía en almacén, probablemente mi respuesta será "ganaras probablemente el juicio en lo social, pero administrativamente puede que la AEPD te sancione y créeme, no me he vuelto loco".

        Cámaras ocultas para controlar a los trabajadores. ¿Son legales?

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        Detención, cacheo y custodia por agentes de seguridad privada
        Director Seguridad tiene sus funciones, su habilitación, sus requisitos generales
        Mandos Intermedios: Inspector y Jefe de Servicios.
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        Qué hacer ante un despido. Consejos

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        • #5
          Como el tema todavía está abierto.
          Yo quería mencionar que los clientes de hoy en día que se dedican a espiar al trabajador las 24 horas de la jornada de trabajo, no se dedican a realizar gran parte de su jornada de trabajo como directivos si no como espías laborables.
          Se agarra el cliente a una cosa en concreta espiar al tonto de turno, juegan con la grabaciones y manejan las cámaras y a saber si no se llevan las cintas a su casa.

          Es la escusa perfecta de grabar a todo lo que sucede, aprovechan para salvarse de lo ilegal utilizando la palabra PREVENCIÓN, es un truco que hasta ahora se les va muy bien utilizarlo, siempre por mediación de la prevención de riesgos laborables, y con eso aprovechan al máximo la ilegalidad convirtiendo lo ilegal en lo legal por mediación de la prevención.
          Todo por controlar desde sus despachos que a saber si no se hacen pajitas mentales con lo que observan por sus monitores de su ordenadores de sus despachos.
          Controlan, visualizan y graban todo lo que se mueve y si tienen vigilantes de seguridad controlada, pues también son vigilados a su vez, esto es como si el cliente ocultara algo para que no se les pille.
          Al tener controlado a todo el personal incluido al vigilante sirve para luego dar patadas y quejas como los ERES, como ya se han dado casos, los clientes saben de sobra que es todo ilegal por lo que hacen.

          Que me digan a mí que tiene que ver una cámara oculta enfocando a un arco de seguridad y junto al arco el vigilante de seguridad realizando sus funciones y por si fuera poco el mismo vigilante no tiene ni acceso al monitor para realizar control visual del cctv.
          Es mas..... quien realiza dicho control visual es un técnico de seguridad de prevención de riesgos laborables, que en eso se basan las mayoría de los clientes todo para evitar y prevenir cualquier incidente laboral, que no tiene que ver nada con la seguridad privada y que encima sea acosado por el técnico de seguridad de prevención e higiene durante el servicio que presta el pobre vigilante, marginado y marcado por vida, para colmo el mismo vigilante no sabe que tiene una cámara que le espía en todas sus narices que tampoco no sabe ni donde está situada.
          Otro caso que he oído es que en muchos centros incluido hospitales hay monitores de 50 pulgadas a la vista del publico, sin tener acceso el vigilante de seguridad.
          Y Otro caso mas de la inseguridad, es que el propio grabador de cctv está situado al alcance de cualquier trabajador que no tiene que ver nada con la seguridad privada y encima el monitor a la vista de todo el mundo pero el vigilante distanciado cctv.
          Aveces hay que tragar por mantener un puesto de trabajo, se entiende que si se denuncia a la policía, AEPD, la LOPD, o lo que sea, se estaría saliendo de la falta de profesionalidad, que por denunciar saldría caro y si se acusa mas todavía de lo mismo, encima la mayoría de las imágenes grabadas se piensan algunos de que es ilegal enfocar al trabajador directamente, pero se están equivocando muchos, ya que la mayoría de las imágenes grabadas formarían parte de la prevención de riesgos laborables y no del control de seguridad privada, cosa que es otro falo de la ley. Cualquier impostor manejaría las cámaras para su uso personal mas que profesional.
          Yo a lo mejor estaría equivocado pero si que es verdad que muchos jefes y técnicos de prevención invaden la labor del vigilante de la seguridad privada y como escusa perfecta la ley de prevención les ampara gran parte.
          Y mi pregunta es ¿Que tiene que ver un técnico o jefe de prevención visualizando imágenes de un vallado o de un arco de seguridad? ¿La ley permite este tipo de actuación?
          ¿para ver si se cumple la ley, cada cuanto tiempo deben de realizar esas inspecciones la policía, AEPD, la LOPD? o ¿Para que se hagan esos tipos de controles de inspecciones es necesario denunciar porque creemos que infringen la ley? Y con todo este rollo ¿Cuanto tiempo le duraría su puesto de trabajo al Vigilante si denunciara? Esto es todo.
          Un saludo.

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          • #6
            Hay empresas que en sus centros de control de seguridad existen camaras en su interior, controlando en todo momento al vs, como una que se, si la de la publicidad la inteligencia amarilla, la de los furgones amarillos, pues que se preparen a soltar pasta si no quitan las camaras de sus CCTV., pues asi me senti cuando estaba trabajando con ellos , como en el gran hermano. Saludos cordiales.

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