El plan de apoyo a la seguridad de las prisiones –eufemismo utilizado por el Gobierno para denominar a la privatización de algunos servicios que rodean a los centros penitenciarios– comenzó el pasado octubre su segunda fase, que extendía a todas las instalaciones de España (67) el modelo iniciado en una veintena de cárceles un año y medio antes.
La iniciativa se produjo en paralelo a la tramitación de dos normas ligadas entre sí –las leyes de Seguridad Privada y Seguridad Ciudadana– y que, sobre todo la primera, servirían de marco para conceder amparo legal a nuevas prácticas de las empresas de seguridad, también en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Los borradores iniciales...